El Gobierno aprueba una renta mínima que garantizará 10.070 euros al año

Iglesias, Montero y Escrivá en rueda de prensa
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El Estado va a garantizar a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la unidad familiar, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado ayer, cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluido salario y prestación por desempleo) y la renta garantizada para ese tipo de hogar, con un desembolso medio estimado de 4.400 euros anuales por familia beneficiada. 

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores de edad. 

El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, con derecho a un complemento adicional de 100 euros al mes y de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer. 

El IMV se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a las alrededor de 100.000 familias que ya están percibiendo una prestación por hijo a cargo. 

Podrán pedir la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años que lleven al menos un año de residencia legal en España, pero también desde los 18 años o a partir de los 65 años si tienen menores a su cargo. 

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias explicó que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada “trampa de la pobreza”. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que el IMV supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas. 

También afirmó que el requisito de renta se basará en los datos de 2019, pero que se admitirá una declaración responsable de quienes hayan podido caer en situación de vulnerabilidad en 2020 por la crisis sanitaria tras perder más del 50 % de sus ingresos. 

Además de analizar las rentas, también se hará un test de riqueza para comprobar que no se supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual, para evitar que se aprovechen de la ayuda quienes tengan por ejemplo un considerable patrimonio inmobiliario. 

Se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros. 

El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades, que podrán complementar estos ingresos como consideren oportuno. 

La ayuda está ligada a itinerarios para mejorar la inclusión, vinculados a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, e incorporará incentivos al empleo. De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación. 

Asimismo, la revalorización del IMV quedará ligada a la subida de las pensiones de jubilación no contributivas, cuya cuantía es la misma que la renta mínima garantizada para un solo adulto.

El Gobierno aprueba una renta mínima que garantizará 10.070 euros al año