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miércoles | 24 abril | 2024
El portavoz del PP en Ourense, Rosendo Fernández, denunció ayer que el Gobierno local abonó facturas por 1.386.282,39 euros en concepto de servicios de limpieza a PAU S.A. (del grupo Vendex) sin que exista contrato.
Fernández expuso que “desde el 13 de mayo de 2011”, fecha en la que según el PP concluyó el contrato entre el ayuntamiento y la empresa, se pagaron “a Vendex facturas con reparos de Intervención por 1.386.282,39 euros”. Aseguró, por tanto, que este servicio se está desarrollando de una manera “irregular” desde el punto de vista de la “gestión de fondos públicos” al haber expirado el contrato.
Puntualizó, además, que no se contemplaba ninguna prórroga tácita del mismo.
“Tras 21 meses y dos alcaldes no se ha podido regularizar la situación”, sentenció Fernández, en alusión al dimitido Francisco Rodríguez, imputado en el caso “Pokémon”, y a su sucesor, Agustín Fernández. Resumió a este respecto los intentos “fallidos” de resolver el concurso.
“A principios de 2012 se sacó a concurso el servicio por un importe de 814.319,04 euros al año”, apuntó. Pero en marzo “se estimó un recurso de reposición” por parte de PAU SA amparado en “insuficiencias presupuestarias y por omisión de los locales que habría que limpiar”.
Fernández mantuvo que “durante seis meses no se hizo nada al respecto” y que en septiembre de 2012 se inició otro proceso al que se presentaron t empresas.
Pero “aún está sin adjudicación definitiva”, señaló al tiempo que se preguntó el por qué de la demora. “Dos meses son suficientes para resolverlo”, precisó.
Este modo de operar supone un “fraude de ley en la relación que existe con la empresa”, explicó y aseguró que puede significar un “trato de favor hacia la empresa y discriminación a otras, muchas de ellas de Ourense”.
Reprochó también que el actual alcalde “haya adoptado esta forma de actuar como algo rutinario y habitual dentro de su gestión”. Apuntó que desde que tomó posesión del cargo el 10 de octubre “las facturas reparadas suman un total de 351.977,99 euros”. Fernández concluyó que “este gobierno local es un auténtico caos en su gestión” y destacó el “creciente descontento entre las empresas del sector”, además de la “manifiesta irregularidad administrativa” que supondrían los hechos.
Por su parte, el alcalde reiteró el “correcto funcionamiento y sin irregularidades” del servicio de ayuda a domicilio en alusión al proceso judicial abierto por posibles anomalías en el pago de facturas. Después de que la autoridad judicial recabase información de los ordenadores del ayuntamiento y la edil de Servicios Sociales, Marga Martín, prestase declaración, Fernández apoyó públicamente hoy en rueda de prensa la “profesionalidad” del servicio y de su equipo.
Mientras, el ayuntamiento desmintió que pagase ilegalmente facturas a la PAU.
En nota de prensa aseguró que “el pago de facturas, que fueron objeto de reparo por parte de la intervención, no supone una ilegalidad”.
