El Gobierno perseguirá penalmente a los políticos que incumplan los presupuestos

nac136 malaga 13/01/2012.-el ministro de hacienda y administraciones pãºblica, cristã³bal montoro, ha anunciado hoy que aplazarã¡ diez aã±os la devoluciã³n correspondiente a las administracion
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 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.

“Lo que vamos a hacer es un cambio que llamamos ley de transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos”, ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro a la Cadena Ser.

En posteriores declaraciones a Onda Cero el ministro detalló además que la comunidad o ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada algún tiempo.

Se tratará, insistió el titular de Hacienda, en trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación. Además, como se prevé en la gobernanza europea, el Estado podría temporalmente hacerse cargo de la gestión del territorio intervenido.

Explicó que un gestor público “no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto” porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

 

Traslado de lo privado > Recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si estas cotizan.

Además, se pretende que haya rigor en la gestión, añadió Montoro, que apuntó que si un Ejecutivo quiere gastar más “que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos” y que estos decidan después en las elecciones si el proceder fue el correcto.

“Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables”, algo que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro.

En cuanto a la línea de crédito del ICO que está previsto que se ponga en marcha para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, Montoro dijo que el objetivo es que esté lista “en un par de meses”.

En posteriores declaraciones el ministro precisó que la intervención general del Estado garantizará que los préstamos del ICO vayan destinados a pagar las facturas, y que será cuando una comunidad presente facturas pendientes cuando pueda acceder a ellas.

Sobre las posibles condenas penales a gestores públicos, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, recordó que, en un Estado de derecho como el español, los servidores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las culpabilidades políticas se tienen que dirimir en el Parlamento.

 Los socialistas preguntan a Gallardón si comenzará aplicándose a sí mismo este nuevo delito

 

Culpabilidad política > El criterio de Chaves pasa porque excederse en el gasto, si eso implica la comisión de un delito, ya está penado por las normas, pero, si no es un delito, se reduce a una culpabilidad política. “El que comete un delito, a la justicia. Las responsabilidades políticas, en el Parlamento”, afirmó.

El PSOE además quiere saber, según recoge un argumentario distribuido entre sus dirigentes, si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo este nuevo delito penal por su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.

Los socialistas emplazaron al Gobierno a explicar seriamente el alcance de esta figura penal y si se va a hacer con carácter retroactivo.

Varias autonomías del PP mostraron su apoyo a esta iniciativa e, incluso, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, consideró que el ministro se quedó “corto”. Para Monago, estas sanciones penales deberían ser “retroactivas”, ya que, al igual que ocurre con la deuda, “no debe haber prescripciones”.

El consejero de Hacienda valenciano, José Manuel Vela, calificó de “muy razonable” esta propuesta, en tanto que el responsable económico de Castilla-La Mancha, Diego Valle, la calificó de “congruente”.

 

Infracción > También se pronunció el presidente andalúz, José Antonio Griñán, y recordó que “falsear la contabilidad pública es un delito” porque cualquier mentira sobre las cuentas es una “infracción penal”.

Este anuncio de Montoro sorprendió al conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, quien quiso ser prudente hasta conocer los “detalles” porque se trata de “palabras mayores”.

El responsable catalán abogó por buscar “mecanismos más tradicionales, los legales habituales, pero también informáticos, para hacer difícil, por no decir imposible, que una unidad de gasto pueda gastar más de lo que tiene presupuestado”.

El Gobierno de Navarra supuso que la posible persecución por vía penal de los incumplimientos presupuestarios debe ser por responsabilidades de una gravedad absoluta”, según su portavoz, Juan Luis Sánchez.

Desde el ámbito local, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, calificó de “fenomenal” la iniciativa.

El Gobierno perseguirá penalmente a los políticos que incumplan los presupuestos