La Junta atribuye las acusaciones de fraude a un complot contra Andalucía

GRA289 SEVILLA, 04/03/2014.- El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, durante la rueda de prensa ofrecida hoy tras el consejo de Gobierno andaluz, que ha acordado presentar recurso de inconstitu
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La Junta de Andalucía acusó ayer al Gobierno de abrir “una causa general contra toda Andalucía” en torno a la gestión de los fondos de formación para el empleo. La polémica surgió tras conocerse la investigación abierta por la Policía Nacional sobre un posible fraude millonario en los fondos de formación para parados.
La Fiscalía Anticorrupción abrió en mayo del año pasado las diligencias de investigación preliminares, que se centran en diecisiete empresas privadas, desde academias a escuelas de masaje, con un objeto social en el que indicaba “actividad educativa y formativa”.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, que asumió las competencias de formación para el empleo con el nuevo Gobierno de Susana Díaz en septiembre de 2013 –antes las tenía la Consejería de Empleo–, exigió explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que “dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas” implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que “pida disculpas y retire la acusación”.
Arremetió contra el Ministerio del Interior por “poner en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años”, en alusión a unos 2.000 millones que apuntan fuentes de la investigación como la cantidad presuntamente estafada.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, pidió al Ministerio del Interior que “lleve cuanto antes a la justicia” el posible fraude millonario y aseguró que no conoce más de ese caso que lo que “Interior ha contado a los periódicos”.
Sin embargo, el Ministerio desmintió “categóricamente” que haya filtrado “ninguna información sobre ninguna operación abierta”, ya que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía trabaja desde hace meses en una investigación abierta a raíz de datos detectados por la Seguridad Social “con absoluta discreción y la máxima reserva”.
Por su parte, la Comisión Europea anunció que va a pedir explicaciones a España sobre el supuesto fraude para determinar si se financiaron con fondos de la Unión Europea.
“Nos pondremos en contacto con las autoridades españolas de nuevo para estar absolutamente seguros de que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no son con cargo al Fondo Social Europeo”, señaló la portavoz comunitaria Emer Traynor, quien explicó que en enero ya contactó con el gobierno andaluz.

La Junta atribuye las acusaciones de fraude a un complot contra Andalucía