El Gobierno cumple con su “obligación” de recurrir al Constitucional

GRAF7899. MADRID, 26/01/2018.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, hoy en el Complejo de la Moncloa. EFE/Mariscal
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El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial de la comunidad. Se trata de cumplir con su “obligación” de “defender España” y “evitar otra afrenta” del expresidente catalán a la democracia, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
De esta forma, el Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir esa candidatura a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
“El señor Puigdemont está en busca y captura. Ese es el quid de la cuestión”, enfatizó la vicepresidenta, que agregó que este recurso se presenta “con todo respeto al parecer del Consejo de Estado”. El Gobierno cree que es la vía de “evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico”.
En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría recalcó que el Gobierno tiene entre sus obligaciones “defender España y el Estado de Derecho”, así como un “absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña”. Según añadió, tienen “el compromiso político” y el “deber constitucional” de hacer todo lo posible para evitar que se vulnere la ley, utilizando “todos los instrumentos legales” para que Puigdemont no “vuelva a desafiar al Estado de Derecho”.
Ante el revés del Consejo de Estado, Santamaría ha justificado seguir adelante porque Puigdemont está en busca y captura en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia al negarse a “rendir cuentas ante el Tribunal Supremo”. Subrayó que se trata de “delitos muy graves contra la propia democracia y las instituciones del Estado” que le “impiden” ser investido.
Santamaría señaló que “respetan” el criterio jurídico del Consejo de Estado pero recordó que ese dictamen, aunque es preceptivo solicitarlo, no es “vinculante”. De hecho, señaló que el Gobierno cree que tiene argumentos legales suficientes para impugnar esa candidatura y evitar que Puigdemont “pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad”, sustrayéndose a la acción de la Justicia.

Resolución
El Gobierno de Mariano Rajoy pidió también que, de ser admitido a trámite el recurso, advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las “consecuencias penales” en caso de seguir adelante con la investidura del expresidente catalán.
Junto a la impugnación de la resolución del 22 de enero del presidente del Parlamento catalán, el Gobierno impugna también la resolución del 25 de enero de Torrent “por la que se convoca el Pleno del Parlament el día 30 de enero de 2018, a las 15.00 horas para el debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont”. l

El Gobierno cumple con su “obligación” de recurrir al Constitucional