Una máquina para destruir la obra de unas manos

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Brlllaba el sol pero lloviznaba a ratos, así que el derribo de la casa de Manuel Martínez Ramallo se hizo bajo un arco iris. El octogenario ya no reside en el hogar que había construido hace más de 40 años en los terrenos del Parque Ofimático, porque se ha trasladado a casa de su hija, en Vilaboa, pero acudió puntual a la cita fijada por la ley a las nueve de la mañana para entregar las llaves de su casa al jefe de la Policía Local, José Manuel Brandariz. Ramallo se mantuvo tranquilo al principio, pero cuanto más tiempo pasaba ante la barrera custodiada por ocho agentes municipales, más se enfadaba. “La construí con estas manos, que no son grandes,–dijo mientras levantaba el puño– y con un trocito de pan para que ahora vengan y me la tiren ¡Si estuviera Franco los fusilaba a todos!”.
El octogenario había afirmado que se quedaría para contemplar como quedaban hasta la última piedra de su casa, pero cambio de opinión. “Ya no quiero verlo”, dijo, mientras se marchaba a cancelar el suministro de agua y luz. Durante el fin de semana había trasladado los últimos muebles, y había dejado que los chatarreros se llevaran todo lo que quisieran de la casa, así que no quedaba más que un cascarón vacío cuando la pala excavadora hizo por fin su aparición y abrió un boquete en su muro y en el del cobertizo. 
Los vecinos de Ramallo acudieron para contemplar los trabajos y para darle apoyo, pero no hubo ningún acto de protesta, excepto el despliegue de una pancarta. A pesar de ser también expropiados, se mantuvieron en silencio, y el de ayer fue casi un acto intimo, como si estuvieran en un funeral para los más allegados. La única persona que no pertenecía al vecindario y que  presenció los trabajos previos al derribo (primero debe retirarse la uralita) fue el concejal del BNG Xosé Manuel Carril. Del gobierno local solo acudió el encargado de planificación urbanística a supervisar el proceso. “El alcalde me dio la mano en Palavea, y me dijo que no me preocupara, que estaba todo arreglado”, recordaba un indignado Ramallo. 
El octogenario rechazó la oferta del Ayuntamiento de una vivienda social en alquiler alegando que no la necesita. Además, su pensión de 1.200 euros le basta para mantenerse a sí mismo y a su hijo de 44 años, en paro y enfermo. Lo que quiere es que el Ayuntamiento le compren sus derechos de habitabilidad que adquirió como promotor, algo a lo que fue obligado cuando no quiso ser expropiado ni vender. “Entonces me ofrecieron un piso y 240.000 euros”, asegura. 
Afirma que no lo hizo por solidaridad con sus vecinos. Hay más de una docena de familias expropiadas y todas recibieron en su día órdenes de desalojo como la que expulsó a Ramallo a de su casa. Se supone que, cuando se derriben todas, las cooperativas construirán sus propias viviendas, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria lo hace todo incierto y quizá gran parte del Parque Ofimático quede reducido a un páramo. n

Una máquina para destruir la obra de unas manos