El Gobierno se muestra abierto a elevar el porcentaje de teletrabajo para que sea regular

Ayer tuvo lugar una reunión en la que participaron la ministra de Trabajo y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, | EP
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El Gobierno está abierto a elevar el porcentaje de jornada a distancia realizada para considerar que existe una prestación de teletrabajo regular que obligue a firmar un acuerdo específico a las empresas con los representantes de sus trabajadores.  

Así lo aseguraron ayer fuentes de la patronal, tras la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para avanzar en las negociaciones con el objetivo de acordar una ley de teletrabajo. 

En la reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme presentaron sus alegaciones al texto que les presentó Trabajo en agosto. 

Según las fuentes consultadas, el Gobierno estaría dispuesto a elevar del 20% al 30% el porcentaje de la jornada laboral que debe hacerse a distancia, lo que implica que al menos se teletrabaje dos días a la semana para considerar que se realiza de forma regular. 
En los próximos días, el Ministerio de Trabajo remitirá a los agentes sociales el texto del anteproyecto de Ley, que recogerá éste y otros cambios.  

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el acuerdo “está cerca” pero que aún hay elementos que “separan”, y pidió dejar que el dialogo social avance. 

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en que el acuerdo será posible “este mismo mes de septiembre”, y subrayó la importancia de que la norma incluya al personal laboral de la Administración. 

Administración pública
El sindicato CSIF reclamó al Gobierno que active la negociación del teletrabajo también en las administraciones públicas, ya que se está aplicando esta modalidad laboral de forma “restrictiva” y con “disparidad de criterios” entre los diferentes departamentos.

En un comunicado, el sindicato mostró estas quejas de los empleados públicos y aseguró que las comunidades autónomas están pendientes de que se establezca una regulación a nivel nacional para legislar el teletrabajo.

En un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Función Pública el pasado 17 de junio se establecían criterios de organización para que la plantilla de las administraciones pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.

Este acuerdo contemplaba, de forma voluntaria y reversible, cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial, para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes. 

Indemnización
Por otro lado un juez de Barcelona condenó a una empresa a indemnizar con 60.000 euros a un trabajador que fue despedido de forma improcedente a principios de abril, en pleno estado de alarma, contraviniendo el decreto ley que prohibía echar a empleados por causas relacionadas con la crisis sanitaria. 

En su sentencia, el titular del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona considera que la empresa lo hizo a sabiendas de que estaba llevando a cabo un despido improcedente, porque le compensaba la indemnización (4.219,22 euro) que pagaría por el poco tiempo que llevaba trabajando, desde el 1 de octubre de 2019. A pesar del fallo, CCOO alerta de que la mayoría de señalamientos  por asuntos similares se están marcando para 2022.

El Gobierno se muestra abierto a elevar el porcentaje de teletrabajo para que sea regular