La Audiencia juzga a una familia acusada de quedarse con los bienes de los ancianos que estaban a su cargo

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Las fincas, terrenos e inmuebles que recibieron los tres miembros de una familia que hasta 2009 gestionaban dos centros geriátricos-viviendas comunitarias en la localidad de Outes, Muros, pueden costarles una condena por estafa continuada y podría suponerles una pena de cárcel cercana a los cinco años. La Fiscalía acusa al matrimonio y su hijo de haberse aprovechado de la “debilidad mental” y “dependencia emocional y económica” de los propietarios, todos internos en las dos residencias, para obtener los bienes inmuebles, valorados en cerca de 350.000 euros, bien a través de cesiones o de contratos de compraventas ficticios.

El tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial escuchará el lunes el testimonio de los tres acusados y durante el resto de la semana, los de los perjudicados por aquellas transmisiones, en algunos de los casos, herederos de los ancianos. De estos últimos, el escrito de acusación destaca su avanzada edad, su bajo nivel cultural o su deterioro mental.

 

más de 50 parcelas

Al juicio serán llevados cuatro casos concretos. El primero de ellos, el de un hombre que residió en uno de los centros entre 2002 y 2004. En ese tiempo transmitió a la acusada una casa y 52 parcelas rústicas, terrenos valorados en cerca de 50.000 euros.

De este residente apunta el escrito de acusación que “padecía una alteración psíquica importante de sus funciones cerebrales”, algo parecido a lo que ocurría con un matrimonio que residió en el geriátrico desde 2002. En este caso, fue la sobrina de los septuagenarios quien, según el fiscal, transmitió a los acusados mediante escritura dos casas en Noia a cambio de 26.000 euros. Tal como se recoge en el informe provisional de la Fiscalía, los bienes fueron valorados a posteriori en más de 125.000 euros, pero además, no consta que la familia recibiese ninguna cantidad por la transacción.

La tercera acusación se refiere a los bienes de otra residente, que firmó ante notario un escrito de compraventa por el que se desprendía, a cambio de 18.000 euros, de cuatro viviendas. El valor real, según la tasación pericial, rozaba los 50.000.

Por último, el tribunal estudiará el caso de una anciana analfabeta que cedió todas sus propiedades a la residencia a cambio de manutención y cuidados hasta su fallecimiento: una casa y cinco fincas valorados en 115.000 euros.

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