La Justicia fija una indemnización de más de 1.600 millones por el “Prestige”

Un grupo de voluntarios limpia el chapapote de una playa próxima al cabo Touriñán | aec
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La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado una indemnización de más de 1.600 millones de euros por los daños ocasionados por la catástrofe del “Prestige”, de los que la mayor cuantía, 1.573 millones, corresponden al Estado español por los daños patrimoniales, medioambientales y morales, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El auto de ejecución de la sentencia –que recoge una cuantía muy inferior a la que la Fiscalía estableció en el juicio por daños, 4.328 millones de euros para España, un total de 4.442 millones incluyendo los provocados al litoral francés– también fija un pago de 61 millones a Francia y otros 1,8 millones a la Xunta de Galicia por los gastos de reciclaje del fuel.
En la resolución, hecha pública dos días después de que se cumpliesen quince años de este siniestro, se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados y que deben ser pagadas por las partes condenadas: el capitán del barco, Apostolos Mangouras, y la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, “por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses”.
Subsidiariamente, se condena a hacer frente al pago a la propietaria del buque, Mare Shipping INC, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable. Sin embargo, este organismo ya adelantó la mayoría de las indemnizaciones fijadas.

En relación a la cantidad para el Estado, la Sala entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados sostienen que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones. Al respecto, el auto indica que “los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados”.
En relación a los 1,8 millones que se adjudican a la Xunta, se refieren exclusivamente al coste del reciclable de elementos contaminantes depositados en la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (Sogarisa).
Sobre esta cuestión, señala que la Xunta suscribió un acuerdo con el Estado “en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasiones por el accidente del buque”. En concreto, se refiere el auto a un acuerdo transaccional de julio de 2005 por el importe anteriormente mencionado de 513 millones.
Con esta decisión no se acaba el recorrido judicial que se inició en 2012 con el comienzo del juicio por la catástrofe ya que, frente esta resolución de la Audiencia de A Coruña, cabe interponer recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Hasta ahora, la aseguradora solo se mostró dispuesta a abonar los 22,7 millones de euros de fianza que depositó en 2002. En 2015, España y Francia perdieron, además, la batalla judicial en Gran Bretaña por la que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto al arbitraje británico.

La oposición lo cuestiona
La Xunta mostró su “satisfacción” porque la Justicia “ha reconocido íntegramente la indemnización que reclamaba” por los daños derivados del accidente del petrolero. Sin embargo, los tres partidos de la oposición en Galicia cuestionaron ayer la cuantía fijada por la Audiencia. “Que haya 3.000 millones de euros que la Fiscalía acreditó en daños que no se van a pagar significa que a las empresas de transporte de petróleo les sale muy barato contaminar”, censuró Villares, de En Marea.

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