Madrid estudia limitar las reuniones y Cataluña las reduce a 10 personas

Un sanitario proporciona gel hidroalcohólico a varias personas que esperan para realizar PCR aleatorias en Madrid | ep
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Las comunidades autónomas siguen ampliando las restricciones en el contexto social, foco de gran parte de los brotes de coronavirus activos en el país. 

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó ayer que están estudiando limitar el número de personas en las reuniones sociales para evitar contagios, pero descarta tanto un confinamiento total como cerrar la región, un asunto que asegura que no es de su competencia.

Ayuso avanzó en una entrevista que la Consejería de Sanidad está terminando de elaborar una orden para tratar de contener el avance del coronavirus en “una especie de operación retorno” tras las vacaciones, teniendo en cuenta que en las próximas semanas habrá más madrileños. “Están estudiando qué grupos de convivencia son más o menos recomendables”, añadió.

Limitación a diez personas
Asimismo, la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas en el ámbito público y privado para frenar los contagios de Covid-19 entró ayer en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc).

La resolución se publica al día siguiente de que el Juzgado de lo contencioso-administrativo 13 de Barcelona ratificara en un auto la medida de la Generalitat.

En este sentido, el juez consideró “proporcionales, idóneas, razonables y necesarias” las medidas propuestas por la Generalitat y con mínima incidencia en la libertad del individuo, por lo que las ratificó íntegramente, con limitación temporal de 15 días para controlar su efectividad.

La prohibición también afecta a las mesas de terrazas, restaurantes y bares, sin importar el cumplimento de las distancias mínimas entre mesas; y en las reuniones no pueden participar personas con síntomas de Covid-19 o que deban estar aisladas o en cuarentena.
Según la resolución, quedan exentas de la restricción las reuniones por actividades laborales, de culto, actos religiosos como bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres, las manifestaciones y el transporte público.

Por otra parte, la resolución deja en manos de los ayuntamientos determinar la celebración de ferias y fiestas mayores, al tiempo que se prorroga la prohibición de consumir alcohol en los espacios públicos.

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