El código ético de Baltar obliga a dimitir a un alcalde por vender carburante a la Diputación

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La Diputación de Ourense ha recibido ayer la notificación de la renuncia al acta de Luciano Rivero, acusado de vender combustible a través de una gasolinera, en la que tiene una participación, a la institución provincial y al Ayuntamiento de Cualedro, donde gobierna, aunque alude a un “error administrativo”.

La decisión la ha tomado después de conocer el informe emitido por el secretario general del ente que preside Manuel Baltar sobre la prohibición de contratos con las personas jurídicas participadas por los diputados provinciales, que sería su caso y lo que ocurre con la empresa familiar Abrea Cuquejo S.L.

Luciano Rivero, que tiene en esta sociedad una participación del 16,66%, sostiene en su comunicación que no hay responsabilidad legal por su parte y apela a que la facturación realizada a la mencionada estación de servicio se debió a un “error administrativo”.

De todos modos, manifiesta que merced al Código Ético y de Conducta, aprobado por Baltar y basándose en el principio de ejemplaridad, toma esta determinación, porque el enunciado indica que se ha de eludir cualquier acción u omisión que pueda perjudicar, aunque sea mínimamente, la imagen institucional de la Diputación de Ourense y minar, por ende, la confianza de la ciudadanía en la institución.

 El secretario xeral de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro, certificó en su informe que la gasolinera Abrea Cuquejo participada en un 16,66% por el dimitido Luciano Rivero tenía la prohibición expresa de contratar con el ente provincial pero hubo un error administrativo.

La institución que preside Manuel Baltar ha recibido ayer la notificación de la renuncia al acta de Rivero, que en el escrito en el que anuncia su marcha alude a ese mismo error, y a quien el PSOE le recriminó una facturación de 151.485,67 euros en combustible a la Diputación entre 2009 y 2013 y de un monto de 35.284,88 euros en 2014 y 2015, un total de 186.770,55 euros en el período completo.

Cacharro ha ratificado en el documento emitido la prohibición de contratar con el ente provincial que pesa sobre personas jurídicas administradas por los diputados y aquellas en las que éstos tengan una participación superior al diez por ciento del capital social.

En el caso de la empresa familiar Abrea Cuquejo no podría haber contratado desde el 11 de julio de 2011 al estar participada en un 16,66% por el hasta la fecha diputado Luciano Rivero, que es alcalde de Cualedro y tenía el acta de diputado en esas últimas elecciones.

El código ético de Baltar obliga a dimitir a un alcalde por vender carburante a la Diputación