El PP retira en el último momento los 3.600 millones que se iban a destinar a la reforma eléctrica

Las enmiendas del PP en el Senado por las que proponen eliminar las aportaciones presupuestarias previstas para evitar este año el déficit de tarifa han desatado las protestas del sector eléctrico, mientras el Gobierno ha reconocido que está buscando vías para que ese desfase no impacte en el déficit público.
En sus enmiendas en el Senado, donde se tramita el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, el PP pide la retirada de esas asignaciones y reconoce para 2013 un déficit de tarifa por importe máximo de 3.600 millones, “sin perjuicio de los desajustes temporales”, frente a la previsión anterior, que era de equilibrio.
De esa cantidad, 2.200 millones corresponden a un crédito con cargo a las cuentas públicas de este año al Ministerio de Industria para financiar los posibles desfases en los incentivos a las energías renovables, que, para el PP, debe derogarse para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Otros 900 millones corresponden al 50% de los extracostes de generación en los sistemas insulares y extrapeninsulares, que iba a asumir el Gobierno vía Presupuestos.
A estas dos partidas, el presidente de las grandes eléctricas Unesa, Eduardo Montes, añadió 500 millones vinculados a los impuestos al sector, que “ya no van a ir para cubrir déficit de tarifa”, que se genera porque los ingresos no cubren los costes.
En sus enmiendas en el Senado, antes de que este viernes concluyera el plazo de presentación, el PP señala que, ante la nueva situación generada, la alternativa “sería un nuevo incremento de los peajes de acceso que recaerían íntegramente en los consumidores eléctricos”.
Sin embargo, “esta opción tendría un gravísimo impacto sobre el consumidor final que ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años y que debilitaría aún más su renta disponible y su competitividad”, añade en una de sus enmiendas. Para evitar el déficit de tarifa este año, el Gobierno diseñó tres mecanismos extraordinarios: una serie de impuestos a la generación eléctrica, destinar al sistema los ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2, un crédito de 2.200 millones y la asunción de la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares.
La financiación de esos sobrecostes vía Presupuestos enfrentó a los ministros de Hacienda e Industria, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, ya que este último quería que esa partida pasase de forma íntegra a Hacienda. n