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miércoles | 24 abril | 2024
La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), procedió a identificar y posteriormente denunciar a seis personas que estaban extrayendo en la playa de Sada situada en el centro urbano decenas de kilos de almeja japónica con una talla que no era reglamentaria, tal y como se pudo comprobar en el momento de la incautación por parte de las autoridades.
Estas seis personas carecían del permiso de explotación (permex) correspondiente, por lo que los agentes se quedaron con el total de la cantidad que los furtivos habían recogido en el arenal sadense. Una cifra que alcanzaba los 138,5 kilos de peso y que, como se aprecia en la imagen facilitada por el Seprona, llenaba varios cubos y bolsas.
Los hechos tuvieron lugar hace un par de días, el pasado martes, sobre las 12.00 horas del mediodía, cuando los agentes del Seprona identificaron a estas seis personas, tres de ellos hombres y otros tres mujeres, que se encontraban mariscando en esta playa del centro urbano de Sada.
Tras incautar, a sembrar > La Guardia Civil, una vez que comprobó cómo estas personas carecían de la oportuna autorización administrativa, al igual que se certificó que los 138,5 kilogramos de la almeja japónica no tenía el tamaño reglamentario eran más pequeñas de lo que marca la ley, procedió a incautar la totalidad del marisco intervenido.
Asimismo, informaron desde el Seprona que se levantaron las correspondientes actas y, minutos más tarde, se sembraron las almejas en la propia ría de Sada, con la colaboración del personal del Servicio de Guardacostas de la Xunta.
Figura policial > Las noticias sobre el furtivismo están a la orden del día en algunos de los ayuntamientos del área metropolitana ya que, aparte de los arenales de Sada, los municipios colindantes con la ría de O Burgo ven cómo esta problemática se da casi a diario.
Por este motivo, en los últimos días se están planteando diferentes soluciones con el objetivo de que el furtivismo y la extracción ilegal del marisco en las aguas coruñesas vaya disminuyendo poco a poco.
Así, a finales de 2009 la Fiscalía Superior de Galicia comenzó a elaborar un informe en estrecha colaboración con la Guardia Civil. Con él se pretendía lograr un diagnóstico de esta práctica y proponer algunas salidas a lo que supone un problema no solo económica para aquellos que sí tienen el permiso correspondiente, sino también sanitario porque en ocasiones el producto está contaminado al no extraerlo en los lugares adecuados.
Hace unos días, la pasada semana, se hizo público el citado estudio y en él, entre otras medidas, se apuesta por parte de la Fiscalía por instaurar la figura de un coordinador policial a cada cofradía de pescadores o cada zona geográfica con el fin de incrementar la eficacia de la vigilancia y los operativos.
La razón por la que se ha llegado a esta conclusión es la de que el llamado guardapesca marítimo, que no son más que vigilantes privados que están contratados por las agrupaciones de mariscadores u otros colectivos y cuyos honorarios están financiados por subvenciones de la Xunta, no está resultando lo efectivo que se esperaba. La Fiscalía pretende reforzar legalmente su actuación y la fórmula podría ser a provisión xurídica da condición de axente da autoridade.
