El Supremo rechaza la entrega de Puigdemont y retira todas las euroórdenes

El juez Pablo Llarena rechazó la entrega del expresidente Carles Puigdemont solo por el delito de malversación como falló el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, duramente criticado por él y por la Fiscalía por su “falta de compromiso” e “indebida intromisión” en la justicia española.
Llarena responde así a la decisión de la Audiencia alemana que hace una semana resolvió a favor de su extradición por malversación pero no por rebelión, y, además, retira la orden europea e internacional de detención que pesaba contra Puigdemont, lo que significa que tendrá plena libertad de movimientos en el extranjero.
Pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado –al estar vigente la orden de detención nacional– hasta pasados 20 años, lo que tarda en prescribir el delito de rebelión.
El juez también retira las órdenes europeas e internacionales de detención contra los exconsejeros fugados Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Con todo, estas órdenes se pueden reactivar en el futuro e, incluso, dictar otras nuevas.
Llarena opta por esta decisión al considerar que las negativas de Bélgica y Alemania a extraditar a los fugados por rebelión, que es la base sobre la que se sostiene todo el procedimiento, “deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”.

Falta de compromiso
En su auto, el juez denuncia “la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein” con “unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”.
Considera que este tribunal no tiene capacidad normativa alguna ni legal ni materialmente para anticipar un futuro enjuiciamiento de los hechos y abordar las intenciones que pudieron guiar a Puigdemont, cuya versión –añade el juez– llega a ser considerada por los jueces alemanes como una prueba definitiva, sin confrontarla ni con el resto de pruebas ni con las acusaciones del procedimiento.
El magistrado destaca, además, que la Audiencia alemana estaba obligada a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que para que esta sea vinculante debe hacerla Alemania ya que si la hubiera hecho España sería puramente consultiva.
Y argumenta al respecto las dudas interpretativas del tribunal alemán, la posición siempre favorable de la Fiscalía de este país a cursar la extradición por los dos delitos y la imposibilidad del Tribunal Supremo español de recurrir la decisión de las autoridades judiciales alemanas ante ninguna instancia.
Se da la circunstancia de que la decisión de Llarena se produce el mismo día en que la Fiscalía del Supremo se opuso a la puesta en libertad de los presos preventivos del procés en un escrito en el que aprovecha para criticar la “indebida intromisión” de la Audiencia alemana en la jurisdicción española.
La Fiscalía cierra filas con la actuación de Llarena y asegura que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein supone un incumplimiento del marco jurídico europeo y no puede condicionar “la mayor o menor relevancia penal de los hechos” ni su calificación jurídica, pues esa es competencia de los tribunales españoles.
El Ministerio Público responde así a los escritos presentados por el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Todos ellos pidieron su puesta en libertad provisional en función del “nuevo contexto social y político” y de, según el Supremo, la “supuesta bondad” de sus perspectivas jurídico-penales tras la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont.

Debilidad inmensa
El independentismo ha abrazado la decisión de Llarena, como así hizo el propio Puigdemont que la ve como la “demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial” instruida por el juez y reclama la puesta en libertad de los encarcelados.
Puigdemont conoció la noticia cuando conversaba por videoconferencia con los diputados de JxCat reunidos en una sala del Parlament, quienes han recibido con sonoros aplausos.
Igualmente, su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, celebró como un “gran éxito” la decisión de Llarena, quien, en su opinión, retiró la euroorden para
“evitar un varapalo” de la justicia europea. l