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jueves | 25 abril | 2024
Se acerca el verano y sube la temperatura. En Albada, también. El comité de empresa de la concesionaria de la planta de Nostián, que trata la basura de la ciudad, acudió ayer al registro municipal para pedir una reunión con el alcalde, Carlos Negreira, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Salvador. El objetivo es encontrar una solución al conflicto laboral que mantiene con la empresa, y que podría abocarles a una huelga en los próximos días.
“Nosotros no queremos llegar a eso, por lo que pediremos una nueva reunión con los representantes de Albada”, anunció el presidente del comité de empresa, Carlos Barral. Precisamente el viernes pasado se reunieron con los trabajadores para acordar si se movilizaban, pero al final prevaleció la opinión de que había que dar más margen a una salida negociada.
No es que haya buenas perspectivas: hace casi dos años de la última huelga, y ahora, como señala Barral. La dirección de Albada, que pertenece al Grupo Urbaser, la empresa de Florentino Pérez, se niega a firmar un convenio con los trabajadores alegando que arrastra una deuda millonaria y que ya hace bastante manteniendo todos los puestos de trabajo. Califica las peticiones de los trabajadores de “desorbitadas” y que no piensa asumir ningún incremento de salario como le exige el comité de empresa.
Por su parte, los empleados, con Barral a la cabeza, aseguran que sus exigencias son de lo más razonables: aceptan seguir manteniendo su sueldo tal y como esta ahora pero solo hasta 2017. A partir de entonces, lo que recibirían no sería un aumento de sueldo, sino que regresarían a niveles de 2012, antes de que accedieran a una rebaja de un 6% (entre 300 y 400 euros anuales para un trabajador medio). Pero no habido acuerdo, y así llevan un mes, durante el que solo ha habido tanteos. “Siempre sacan a relucir lo de la deuda millonaria, pero nunca nos dejan ver el balance”, protesta Barral.
conflicto legal
Sobre el conflicto laboral planea otro: el contencioso que mantiene Albada con el Ayuntamiento, puesto que la empresa ha planteado tres denuncias contra el gobierno local en las que les reclama más de 30 millones por las pérdidas que le causa el servicio mientras que este, por su parte, puso en marcha un procedimiento para declarar el contrato lesivo para la ciudad.
La llegada de las elecciones municipales lo vuelve todo aún más delicado, puesto que una huelga en el servicio de tratamiento de basuras no es lo más conveniente para un alcalde que aspira a la reelección. Es por eso que los trabajadores temen que la empresa se esté negando a negociar para aprovechar esta coyuntura.
