La RAG asegura que el aviso del Consejo de Europa sobre el gallego “concuerdan” con su posición

La Real Academia Galega trasladó ayer que las advertencias del Consejo de Europa sobre el idioma, en las que apuntaba su preocupación por su reducción gradual en el sistema educativo, “concuerdan” con la posición de esta institución respecto a la política lingüística de la Xunta.
La entidad presidida por Xesús Alonso Montero fue una de las consultadas por el comité de expertos para la elaboración del cuarto informe sobre el grado de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, en el que se constata un “flagrante incumplimiento” del acuerdo en España, “tal y como denunció la Real Academia Galga en los recursos presentados ante Tribunal el Supremo y el Constitucional” contra el decreto del plurilingüismo.
Por ello, la RAG considera que este informe pone de relieve “la falta de fundamento” de la sentencia del TS que rechazó el recurso de la institución lingüística en el que se alertaba de esa vulneración.
La Academia destaca que el informe “se hace eco” de la llamada de atención de la RAG sobre el impacto de la reducción del gallego a un tercio del horario, la imposibilidad de impartir materias técnicas en ese idioma, o la escasa presencia en infantil (en un 6,57% en ciudades de más de 50.000 habitantes). Ante este diagnóstico, la entidad insiste en que tanto la Xunta como el Gobierno “están moral y legalmente obligados a tomar medidas positivas” hacia la normalización del gallego.
Por su parte, la Mesa pola Normalización Lingüística calificó de “vergüenza” lo sentido respecto a “un informe tan rotundo como este”. Así, Marcos Maceira, su presidente, aseguró que solo esperan “que el presidente de la Xunta sea capaz de sentir la vergüenza y que atienda a los llamamientos de la sociedad gallega y de la comunidad internacional”. 
En contraste, la asociación Galicia Bilingüe reiteró su defensa de permitir a las familias escoger una “enseñanza íntegra” tanto en castellano como en gallego, señalando que esta opción no se contradice con las recomendaciones del Comité de Expertos.
En este sentido, defendió que países que ratificaron el documento “en los mismos términos que España”, como Finlandia o Reino Unido, permiten a los padres elegir si sus hijos reciben la enseñanza en la lengua regional o minoritaria.
Además, argumentó que el propio Comité en 2012 se refirió a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, indicando que las familias son libres de decidir si aprovechan la oferta en catalán o solo en castellano.