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jueves | 25 abril | 2024
El Gobierno de EEUU presentó un escrito ante la corte de apelaciones del Noveno Circuito que busca desmantelar el Acuerdo Flores, que protege a menores indocumentados de detenciones prolongadas, según documentos de la corte conocidos ayer.
En su documento, la Fiscalía General del estado alega que, entre otros motivos, el pacto firmado en 1997, que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de veinte días, entre otras garantías, está “desactualizado” y no refleja unas “circunstancias dramáticamente diferentes”.
El Gobierno indica que se ha registrado un “aumento masivo en la migración familiar” y hay “nuevas regulaciones” sobre la custodia y cuidado de menores en custodia de Inmigración, que garantizan, en su opinión su bienestar.
“El interés público ya no justifica que gran parte del sistema de inmigración funcione en conformidad con un acuerdo de hace 23 años que, según sus términos, pretendía ser temporal”, indica.
El caso llegó a la corte de apelaciones del Noveno Circuito después de que la jueza Dolly M. Gee, del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles, decidiese en septiembre pasado bloquear el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de mantener detenidos más tiempo del permitido a familias y niños migrantes.
Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis (UC Davis), una de las abogadas relacionadas con el caso, dijo ayer que confían en que la corte de apelaciones esté de acuerdo con la jueza Gee y mantenga las disposiciones que defienden a los menores.
Cooper indicó que esperan una decisión “muy pronto” de la corte de apelaciones, que llegará después de que ellos presenten su escrito ante el tribunal.
Tienen como fecha límite para hacerlo el 21 de enero próximo y contarán con el apoyo, entre otros, de la Academia Estadounidense de Pediatría, que afirmará que la medida que pretende implantar el Gobierno es “dañina para los niños y no debe ser implementada”.
El Acuerdo Flores establece protección a los menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.
