10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu declaró compleja la causa que investiga la liquidación del Banco Popular, cuya instrucción queda así ampliada hasta el 3 de abril de 2019, tal y como había solicitado la Fiscalía. El titular del juzgado central número 4 aclara que “son miles los perjudicados” y se han personado, en representación de muchos de ellos, hasta 58 procuradores; asimismo, destaca el “considerable número de querellados”, 27 hasta ahora.
Para llevar a cabo la instrucción, será preciso llevar a cabo “pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del banco cuyas cuentas requieren examen”, para lo cual , habrá que analizar y estudiar “una muy abundante documentación”, motivos todos ellos suficientes ara declarar la causa compleja.
En junio del año pasado, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones; esta operación, ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo, ha dado a lugar a una avalancha de demandas de inversores, tanto en España como en el Tribunal de justicia de la UE de Luxemburgo, para tratar de recuperar su inversión.
A comienzos de octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
Entre las querellas admitidas destacan las presentadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios y la Organización de Consumidores y Usuarios. Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro. Este mes, la Audiencia Nacional paralizó la tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución del banco, hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.
