La crisis obliga a empresarios gallegos vender “de saldo” sus excavadoras

La crisis obliga a empresarios gallegos vender “de saldo” sus excavadoras
la maquinaria pesada fue vendida en subasta en madrid

Empresas gallegas del sector de la excavación acudieron el jueves una subasta en Madrid en la que “malvendieron” parte de su maquinaria a precios incluso un 75% inferiores a su valor de mercado, empujados por la crisis y los impagos.

La Asociación de Excavadores de Galicia (Aexga) informa en un comunicado, de que uno de sus asociados se desprendió de un vehículo que adquirió hace dos años por 500.000 euros, por solo 100.000, apenas un 10 por ciento superior a su valoración como chatarra.

Aexga explica que en subastas como la de el jueves en Madrid, la de mayor tamaño del mundo, organizada por la firma canadiense Ritchie Bros, no hay precios mínimos ni reservas, por lo que cada artículo se vende al mejor postor, independientemente de su precio.

Manuel Mejuto, presidente de Aexga, que representa al 80 por ciento del sector del movimiento de tierras y la excavación en Galicia, denuncia la “permisividad” de las autoridades ante el incumplimiento de la Ley de Morosidad cuando por otra parte se impone un recargo del 20 por ciento en los casos de impago de seguros sociales o IVA.

Advierte de que si esta situación se prolonga “mucho más tiempo”, Galicia perderá su parque de maquinaria para poder ejecutar obras de infraestructura en el futuro.

En dos años, 25 de las 44 empresas asociadas a Aexga han tenido que echar el cierre, con lo que se han destruido unos 2.000 puestos de trabajo.

La previsión es que, de continuar la tendencia actual, en seis meses cerrarán otras diez y otros mil empleados irán al paro.

A pesar de que hace más de dos años entró en vigor la Ley de Morosidad, las compañías vulneran sistemáticamente los tiempos máximos de pago con sus proveedores. En el caso concreto de la construcción, las grandes corporaciones de este sector abonan sus facturas a sus subcontratas en periodos comprendidos entre los 200 y los 300 días, cuando esta normativa fija en 75 días el plazo límite para el abono de los pagos. A esta realidad se le suma el impedimento, por parte de la banca, de descontar pagarés, ya que algunas entidades no descuentan papel de las constructoras españolas.

 

La crisis obliga a empresarios gallegos vender “de saldo” sus excavadoras

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