La espada de Damocles sigue pesando sobre el futuro del recinto ferial de Ferrol. Abanca accedió el pasado 11 de noviembre a suspender la subasta de las instalaciones pero el Juzgado de Primera Instancia número 3 fijaba solo dos días después y a instancias de la misma entidad financiera otra fecha para llevar a cabo la venta. Será el próximo día 23 de diciembre, a las diez de la mañana, si no se produce antes el acuerdo u otra prórroga.
El edicto de la subasta judicial está expuesto en el tablón de anuncios del citado Juzgado. Se mantienen las mismas condiciones fijadas para el 11 de noviembre: sale a la venta toda la superficie del recinto, de 47.000 metros cuadrados, y se establece un precio de salida de 3.047.800,46 euros. Abanca reclama el crédito hipotecario suscrito el 1 de abril de 2009 por valor de cerca de 443.000 euros, más los intereses vencidos y las costas, otros 130.000 euros. No es la única deuda que reclama Abanca, aunque sí la primera que llega a la fase de subasta. Hay otra de 580.000 euros por la que se ha dictado orden de embargo, correspondiente al crédito puente que el actual gobierno suscribió el pasado año para hacer frente a las deudas del recinto mientras se tramitaba la ampliación de capital que, poco después, se frustró por la espantada del pleno de la Cámara de Comercio.
El Concello de Ferrol sigue teniendo entre manos un problema complicado, pese a seguir ostentando solo una minoría del Consorcio Pro Ferias –el 55% pertenece a la Cámara de Comercio, hoy al borde de la liquidación–, y el nuevo anuncio de subasta pone de manifiesto que el pasado 11 de noviembre no consiguió más que una prórroga a la subasta y no su suspensión.
Este mismo martes el concejal de Economía, Alejandro Langtry, explicaba a este diario que, efectivamente, no se ha llegado todavía a ningún acuerdo con la entidad financiera. El edil, que no mencionó el hecho de que ya se hubiese fijado una nueva fecha para la subasta, reiteró que se mantienen conversaciones con Abanca y con otras administraciones públicas, con el objetivo irrenunciable de mantener el recinto de la feria ferrolana en manos públicas. Los esfuerzos se dirigen a involucrar a la Diputación y la Xunta en el rescate de una entidad de medio siglo de historia y con una deuda de 2,2 millones a sus espaldas.
Langtry comentó, no obstante, que difícilmente el recinto tendría interés para el sector privado, según explicó, por los usos que se establecen para él en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. En el artículo 118 de dicho documento –que invocó en 2012 el actual gobierno municipal para prohibir la celebración de una feria erótica– se establece que los usos autorizados para los terrenos de FIMO incluyen centros para la docencia, instalaciones deportivas, servicios sanitarios, casas parroquiales, bibliotecas, administración pública o cementerios, así como mercados y mataderos.
