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viernes | 19 abril | 2024
Los países de la Unión Europea (UE) han dado hoy el visto bueno a la nueva directiva sobre trabajadores desplazados, destinada a aumentar la protección de los empleados enviados por sus empresas a otros países.
Los embajadores de los Veintiocho (Coreper) han respaldado un texto que, según el comisario europeo de Empleo y Asuntos sociales, Laszlo Andor, "contiene un conjunto equilibrado y completo de medidas para garantizar una mejor protección de los trabajadores desplazados".
La normativa llevaba más de dos años de negociaciones por las divergencias entre los Estados miembros sobre el sistema de control previsto, y en particular sobre las inspecciones de empresas y las sanciones contempladas en caso de incumplimiento.
Según Andor, la normativa creará "un marco legal transparente para los proveedores de servicios, lo que aumentará la confianza en el mercado único".
El texto aclara las normas que regirán para las empresas a fin de distinguir claramente entre desplazamientos reales e intentos de circunvalar la ley.
No obstante, se da a los Estados miembros cierta flexibilidad a la hora de llevar a cabo inspecciones encaminadas a verificar el cumplimiento de la legislación.
El acuerdo incluye una lista de medidas nacionales de control a la que los Estados miembros pueden añadir otras.
Bajo el acuerdo alcanzado, las autoridades nacionales podrán analizar si una empresa que afirma ofrecer servicios en otros países está registrada, si paga impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, si contrata a trabajadores desplazados, si realmente tiene una actividad empresarial y cuantos contratos tiene firmados.
A fin de evaluar si un trabajador actúa realmente como empleado temporalmente desplazado, los Estados miembros podrán averiguar la duración de los servicios que presta y la fecha en la que comenzó su desplazamiento.
Cuando se sospeche que un trabajador actúa como "falso autónomo" las autoridades nacionales también podrán verificar si el trabajo realmente fue realizado y evaluar las relaciones laborales, incluidas su subordinación y remuneración.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) calificó de "muy decepcionante" el texto acordado, al considerar que las nuevas normas avanzarán poco en la protección de los trabajadores y que no van a permitir combatir de manera efectiva el dumping social.
Su secretaria general, Bernadette Ségol, consideró que las medidas que los países deben tomar para combatir los abusos y las retribuciones inferiores a lo que establecen las normas no deberían quedar sujetas a las reglas del mercado libre, algo que no garantiza el texto.
Una vez que las nuevas normas entren en vigor, los Estados miembros tendrán dos años para transponerlas a sus legislaciones.
El trámite final para la aprobación del texto, que ya había sido objeto de un acuerdo informal entre el Consejo -Estados miembros- y el Parlamento Europeo- será su aprobación en la comisión de Empleo y en el pleno de la Eurocámara, lo que ocurrirá el próximo abril.
A continuación se le dará luz verde en una reunión del Consejo.
