A Coruña concentra más de la mitad de los delitos por robo de cobre de la comunidad

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogía ayer el acto de apertura del Año Judicial, que servía a los fiscales y jueces para hacer recuento del anterior y situar a la corrupción como máximo objetivo a perseguir en los próximos meses. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ponía sobre la mesa el aumento de nuevos delitos como los 471 asuntos relacionados con el robo de metales no preciosos, que dieron lugar a 94 detenciones, de las cuales, el 50,10% tuvieron como escenario A Coruña. Más de la mitad de los casos se perpetraron en la provincia con el impacto negativo que esto supuso para las empresas que los sufrieron y cortes de la suministración eléctrica o telefónica que provocaron las sustracciones.
El fiscal también destacaba el aumento de robos violentos protagonizados por redes del leste europeo y señalaba la necesidad de una política de Estado para luchar contra la corrupción, un problema en el que la Administración local constituye uno de sus focos principales.
En general, la criminalidad ha descendido un 14,71% en Galicia con un total de 21.231 delitos destinados a ser objetos de enjuiciamientos y sentencias, donde tienen mayor incidencia los relacionados contra la seguridad viaria, que representan un 47% del total, y contra patrimonio, con un 16%. Los delitos de lesiones suponen un 14% de los registrados. Por otro lado, aumentan los tipos delictivos relacionados con delincuencia violenta y grave.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, anunciaba la sentencia del caso “Prestige” en noviembre y remarcaba la normalidad con la que se celebró el juicio en “una ejemplar infraestructura”. Recordó la necesidad del sistema judicial de un plan integral que lo modernice con el uso adecuado de las tecnologías y “el esperado expediente judicial electrónico”.
En este sentido, manifestaba la sensibilidad del TSXG ante la situación económica con el convenio sobre la detención de supuestos de vulnerabilidad por el lanzamiento de viviendas o el juzgado de refuerzo para la resolución de asuntos derivados de las preferentes.

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