El interventor avisa de que la ordenanza que regula la renta social es confusa

El pleno ha sido escenario de críticas hacia la renta social por las cantidades de prestaciones otorgadas y los fondos ejecutados | quintana
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El interventor municipal advirtió recientemente sobre lo que considera que es una regulación confusa de la renta social, una de las principales iniciativas de la Marea Atlántica de cara a este mandato.
Desde su punto de vista, la ordenanza que se utiliza para aplicar esta prestación económica contiene aspectos que no están totalmente clarificados, lo que provoca que la regulación sea algo confusa.

Esta situación la puso de relieve recientemente durante el desarrollo de una comisión en la que estaban presentes representantes de todos los grupos de la corporación municipal y la expuso Rosa Gallego en el pleno. A pesar de estas observaciones por parte del interventor no se anunció ninguna actuación concreta al respecto, aunque habrá que ver las decisiones que toman desde el Gobierno local sobre ello.

Es cierto que en los planes de la Marea ya figura la intención de revisar las bases de este programa tal y como reconoció en el pleno del mes pasado la concejala del área, Silvia Cameán.

Revisión
En la sesión ordinaria de abril, la edil expuso algunos detalles ante una pregunta por parte de la portavoz del BNG, Avia Veira. Así, indicó que “a ordenanza hai que regulala permanentemente para que dé unha resposta á realidade dos veciños”.
Además, Cameán explicó hace unos días que están en medio de esa revisión ya que hay que “eliminar burocracia” y también “revisar” alguno de los requisitos que figuran desde su puesta en marcha, siempre ajustándose a lo que les “permita el marco normativo” vigente.
La concejala de Justicia Social recordó que fue una ordenanza que “custou moitísimo non solo aprobala, senón tamén o debate xurídico”.

La confusa regulación que sustenta la renta social obliga al interventor a fiscalizar todo el programa, algo que no sería necesario en caso contrario. En relación a ello, el interventor también propuso recientemente al alcalde que se establezca el régimen de fiscalización (control) limitada previa, por lo que este asunto se llevó al último pleno y se aprobó. Esto supone que este órgano solo debería comprobar algunos requisitos básicos.

Esta petición la realizó con el objetivo de mejorar la labor de control de la actividad municipal y de acuerdo a los cambios que propone un real decreto aprobado hace unos meses. En caso de que el pleno no hubiese dado el visto bueno a esta modificación, el interventor señaló que a partir del próximo 1 de julio se instalaría la fiscalización plena previa de cualquier gasto e ingreso.
Si se llegase a esta situación, la intervención general advirtió de que “se producirá una ralentización grave de la gestión diaria del gasto ya que la revisión de cada expediente tendrá que ser completa”.
Otra alternativa que proponía es la de aumentar considerablemente el personal dedicado al área de intervención, aunque destacaba que tampoco sería suficiente.

Programa estrella
La renta social fue definida por el equipo de gobierno como el proyecto estrella de este mandato, pero lejos de responder a las expectativas que se habían marcado, todavía quedan muchos aspectos por cumplir.

Por ejemplo, el Gobierno local cifró en un millar de familias coruñesas las que recibirían esta prestación, pero durante el año pasado no se alcanzaron las doscientas, una cantidad bastante inferior a la que se había proyectado por parte de la Marea. Estos datos de prestaciones concedidas están directamente relacionados con los de los fondos de este programa que fueron ejecutados.
La renta social fue puesta en marcha en septiembre de 2016, quince meses después de la llegada de la Marea al poder. Ese año, solo se concedió una prestación a pesar de que se habían presupuestado 2,1 millones de euros. Al ver que no iba a poder gastar el dinero reservado para ello, el Gobierno local intentó redirigir 1,8 millones de euros para afrontar la deuda de Emvsa, empresa municipal de vivienda, y comprar bicicletas. Finalmente, la oposición solo permitió hacer frente al primero de estos dos asuntos y rechazó el segundo en el pleno.

La situación el año pasado mejoró, pero volvió a estar muy lejos de las previsiones iniciales. En 2017 se utilizó una cantidad cercana a los 400.000 euros mientras que la partida para esta medida en el presupuesto era de 1,65 millones de euros, lo que supone algo menos de una cuarta parte del total.

La planificación de la renta social ha sido objeto de críticas por parte de las formaciones de la oposición desde que se dieron a conocer los primeros datos, que en ningún momento convencieron a Partido Popular, Partido Socialista o BNG.
Ni los registros de prestaciones concedidas en más de año y medio ni las cantidades ejecutadas en este programa cuentan con la aprobación de la oposición, que aprovecharon la oportunidad para cargar contra la gestión del Gobierno municipal.

El interventor avisa de que la ordenanza que regula la renta social es confusa