El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles “la objetividad” en su trabajo de fiscalización de los municipios.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma de la Administración local, que clarifica las competencias de los ayuntamientos, potencia las diputaciones, elimina las mancomunidades y suprime el 30% de los concejales.
Así lo anunció Montoro que confirmó algunas medidas ya anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso como la reducción del 30% de concejales, que pasarán de 68.578 a 47.240.
El proyecto de ley supone la aplicación de la ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones y calcula un ahorro de 3.500 millones de euros, de los que 700 saldrían de la supresión de las mancomunidades.
parroquias y pedanias
En total se eliminan 3.725 entidades locales menores, entre las que están las pedanías y las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependen.
El anteproyecto actualiza las competencias municipales, diferenciando con claridad las estatales de las autonómicas, y con el objetivo de que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias. Con esta reforma las competencias en sanidad y educación pasan definitivamente a las autonomías.
Por ello, Montoro dejó claro que la delimitación de competencias tendrá consecuencias en las autonomías y en la propia Administración General.
También en la rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, argumentó que la reducción de concejales no se puede aplicar en este momento porque han sido elegidos en las pasadas elecciones municipales.
Además, la vicepresidenta ha comentado que el sueldo de alcaldes y concejales será “homogéneo en parámetros similares a la Administración del Estado”, con la intención de que ningún alcalde ni presidente de Diputación cobre más que un ministro.
La vicepresidenta lanzó un mensaje a todas las administraciones públicas para que asuman una “racionalización absoluta”, con una reducción de costes, algo, que ha recordado, ya hace el Estado y deben hacer ahora los entes locales.
mancomunidades
Montoro también valoró la supresión de las mancomunidades “por no contribuir a una eficaz gestión”, igual que otras entidades locales de orden menor, como las pedanías, “que forman parte de una administración opaca, que no rinde cuentas”.
La modificación de la ley básica no prevé la supresión de ningún municipio pero se fomenta la agrupación de servicios para lograr ahorros de coste mediante economías de escala.
En este sentido, se potencia el papel de las diputaciones provinciales, consejos insulares o cabildos y comarcas para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a 20.000 habitantes.
Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad y garantizar la legalidad del control financiero y presupuestario.
Sobre esto Montoro fue muy claro: “Recuperar estas figuras supone una vuelta a lo que ya tuvimos en España y nunca debimos perder”. n
