La juez de la operación “Zeta” cita a otras 25 personas en calidad de investigadas

20 marzo 2015 página 03 A Coruña.- Fotografía de el principal imputado en la operación Zeta, el empresario y presidente de Azetanet Gerardo Crespo, a su llegada a los juzgados
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El Juzgado de Instrucción  6 de A Coruña comunicó un auto en el marco de la denominada operación “Zeta”, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas, en el que acuerda citar en calidad de investigadas a 25 nuevas personas, informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
En el comienzo de la resolución, la jueza señala que las conclusiones de la primera parte del informe referido a Caype, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, “no pueden ser más demoledoras y vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas”.
En este sentido, sostiene que no existe registro ni documento alguno que acredite la actividad definida en sus estatutos y que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general. Indica además que “los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno”. 

SIMULACIÓN
La magistrada entiende que se confirma la nula representatividad de la confederación y se constatan los medios empleados para simular su implantación en todas las comunidades autónomas. En el auto dado a conocer ayer se recuerda que “la investigación policial había constatado que Azetanet no solo era en relación a Caype una consultora contratada para la ejecución de acciones formativas sino que era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma, incluido el control de sus supuestas sedes”. 
Por ello acuerda la citación en calidad de investigados de “quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico”. 
En total, 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada/fraude de subvenciones y falsedad documental. 

EXPEDIENTES
La jueza acordó también la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación, “teniendo en cuenta no solo los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto, sino porque, además, hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama”. 
El listado de nuevos investigados finaliza con otra persona como presunta autora de un delito de tráfico de influencias. Se hace constar también en al auto la citación de 23 testigos.
En la resolución se sostiene que “Caype  se constituye como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto”.

“Engaño”
De esta forma, según los informes obrantes en la causa, “el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros” presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo. 
Con relación a Azetanet, concluye la magistrada que se verificó la forma en que se instrumentalizaban los acuerdos de devolución descritos en los archivos localizados en esta empresa. 
En concreto, en forma de cheques y préstamos que la empresa Caype no refleja en su contabilidad. “Se ha descrito –indica la jueza- pormenorizadamente la cuantificación y destino de las cantidades detraídas” que superan la suma de 2.812.000 euros, “todos ellos procedentes de fondos públicos porque CAYPE no tenía otros ingresos”.  

Derecho de Defensa
La magistrada concluye la el auto advirtiendo que no se procederá al señalamiento de  las declaraciones, incluidas las de aquellos contra los que se dirigió el procedimiento con anterioridad, en tanto no haya sido escaneada la totalidad de la documentación para garantizar así el derecho de defensa.

Proceso
El Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña investiga el cobro de subvenciones por el que se investiga a más de medio centenar de personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales, por la supuesta comisión de los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
Este juzgado inició el 22 de diciembre de 2011 una investigación después de recibir un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña, que concluyó que determinadas entidades fueron receptoras de más de veinte millones en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos. 
Tras una primera investigación a un grupo de siete personas, entre las que se encontraban el coruñés Gerardo Crespo, presidente de Azetanet; el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) Francisco Javier Pérez Bello, la juez amplió las diligencias a otras 23, y ahora a otras 25.

La juez de la operación “Zeta” cita a otras 25 personas en calidad de investigadas