La Ley de Costas reduce la zona de servidumbre en varios núcleos de las rías gallegas

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El proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas texto resuelve, según el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete “un complejísimo problema pendiente” en las rías gallegas, al reducir de 100 a 20 metros “en determinados núcleos de población” la anchura de la zona de servidumbre, como recogieron ayer diversos medios de comunicación.

Cañete, que presentó ayer el nuevo texto, aprobado por el Consejo de Ministros, señaló que “hay una posibilidad especial de reducir la zona de servidumbre, su anchura, de 100 a 20 metros en determinados núcleos de población, en las rías, que afecta a los núcleos rurales gallegos y canarios, resolviendo un complejísimo problema que existía pendiente en esta materia.

El ministro explicó que con la norma, “también se establece en zona de servidumbre la misma posibilidad de hacer obras de mejora y reparación”, pero puntualizó que “con las limitaciones también de no incrementar altura, volumen ni superficie” y la incorporación de “criterios de eficiencia medioambiental”.

Esta “posibilidad especial” de disminuir la zona de servidumbre cambia la situación en la que se encontraban núcleos tradicionales de población de rías gallegas como la de Pontevedra, en localidades como Bueu, Marín, Seixo y Vilaboa.

En cuanto al futuro de las instalaciones industriales, el titular de Medio Ambiente señaló que las que en este momento están ocupando zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre –como es el caso de ENCE en la ría de Pontevedra– no tendrán una concesión “automática” sino que tendrán que someterse a un informe medioambiental de las Comunidades Autónomas.

La última decisión sobre Ence recae, por tanto, en la Xunta, cuyo compromiso actual es que ENCE abandone la ría y busque una alternativa en el entorno de la comarca de Pontevedra.

Por otra parte, la nueva norma permitirá que los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salven de la demolición durante 75 años más.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no cumplió “debidamente” sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y creó “inseguridad jurídica”.

Los ecologistas criticaron que la ley no tiene en cuenta el cambio climático y las variaciones que puede producir. n

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