La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso ayer a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) una multa de más de 1,7 millones al considerar que se aprovechó de su posición de dominio en la aplicación de sus tarifas para bailes de bodas, bautizos y comuniones.
En una resolución notificada ayer, la CNC responde a la denuncia presentada en enero de 2010 por tres restaurantes contra la SGAE, única entidad autorizada en España para la gestión de las autorizaciones y los pagos que deben abonar los propietarios de las salas de restauración que quieren poner música en este tipo de celebraciones.
aplicación discriminatoria
Competencia considera que la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual efectuó descuentos “de forma discriminatoria y no transparente” y ordena a la SGAE a que ponga fin a la denominada “tarifa sustitutoria”, vigente desde 2009.
Esta tarifa grava con un 15% a aquellos empresarios que no notifiquen por anticipado los eventos que vayan a celebrar al mes siguiente, una medida que, aseguró la portavoz de la SGAE, Altares, no llegó a ser aplicada.
La resolución determina que la SGAE desarrolló una política de opacidad porque, mientras que los miembros de las asociaciones con las que había firmado convenios tenían derecho a bonificaciones del 20 por ciento sobre la tarifa general, los empresarios individuales “ni siquiera conocían la posibilidad” de acceder a dichas reducciones en el coste.
Las normas de Competencia no se oponen a que los operadores apliquen a sus clientes descuentos diferentes siempre que respondan a criterios objetivos “y que además sean transparentes y conocidos por todas las partes de antemano”.
Tras conocer la resolución, la SGAE indicó que, sin perjuicio de su acatamiento, recurrirá la sanción impuesta y acordó que las actuales cantidades establecidas por la entidad son el resultado de la negociación mantenida con los representantes del 95 por ciento de las empresas del sector, en concreto con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Federación Española de Hostelería (FEHR).
La SGAE, añadió Julia Altares, se siente “obligada” a recurrir por sus socios y por sus clientes la multa, cuya cuantía ha considerado “injustificada”. n
