11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El conflicto del Ofimático puede a estar a punto de desbloquearse. Los representantes de las cooperativas del polígono mantuvieron ayer varias reuniones con el alcalde, Javier Losada, y con representantes de Xestur y del Registro de la Propiedad que podrían marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la actuación, pues, en los encuentros, el órgano autonómico se comprometió a entregar el lunes al Ayuntamiento la documentación necesaria para que la administración local pueda continuar con el trámite de de inscripción de las parcelas.
Asimismo, el regidor habría decidido convocar el miércoles, día 18, una junta de gobierno extraordinaria para aprobar el texto que debe remitirse al Registro. De esta manera, el trámite entraría en su fase final y, en breve, las parcelas estarán registrados, señalaron la pasada jornada los cooperativistas, que, por este motivo, aprovecharon para instar a la Xunta a que, tras el registro, les entregue inmediatamente las fincas.
Desde el gabinete del delegado Diego Calvo insistieron en las últimas horas en que siempre se ha colaborado con la inscripción, si bien aclararon que los criterios, los tiempos y la dirección de la actuación la ha marcado el Ayuntamiento. Apuntaron que, en cuanto el Registro confirme el ok, la Xunta dará la orden de resolver la adjudicación de las parcelas.
En la misma línea, el primer edil también habría confirmado a los afectados que el 21 de mayo se firmará el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de urbanización del polígono, por lo que los trabajos podrían comenzar la primera semana de junio.
Ante estas novedades, el colectivo agradeció el esfuerzo realizado por los responsables gallegos y municipales para posibilitar la construcción de sus viviendas, pese a los intentos e insistencia de alguna asociación y promotores para paralizar la ejecución del Parque Ofimático.
Recuerda que la construcción en este ámbito no solo será importante para las 300 familias que integran las cooperativas, sino también para otras 1.000 que podrán optar a una vivienda de protección oficial.
