El gobierno culpa al BNG de autorizar en 2003 los garajes de la avenida del Puerto

Ramón Rodríguez Ares y Abel López Soto
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 La ratificación que, por parte del Tribunal Supremo, se ha hecho de la orden de derribo de unos garajes situados en un edificio de la avenida del Puerto, le ha servido al gobierno local para emitir un comunicado en el que acusan al BNG de haber provocado una situación en la que la decisión de la justicia pasa por derribar esta construcción.

Como explicó el ejecutivo dirigido por el popular Ernesto Anido, estos garajes “habían sido excluidos de la licencia otorgada en 2001 por el gobierno de entonces”, es decir, cuando estaba Ramón Rodríguez Ares de alcalde.

Dos años después, continúan, en diciembre de 2003, “durante el exiguo mandato del cuatripartito presidido por Abel López Soto”, que duró apenas medio año, “la comisión de gobierno acordó dejar sin efecto aquella exclusión tras firmar un convenio con el promotor de las obras”. La empresa, cabe recordar, es Cándido Losada e Hijos SA.

El inmueble con los garajes en cuestión está situado justo detrás del antiguo edificio de Ayudantía de Marina –que ahora alberga dependencias municipales, como el departamento de Urbanismo o el salón de plenos– y, según la orden de la citada sala, que no hace más que ratificar la sentencia de 2008 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la resolución de la Xunta de 2004, hay que derribar estas construcciones.

El ejecutivo sadense pide explicaciones al exalcalde nacionalista sobre la decisión que tomó en 2003

 

Por ello, el gobierno local asegura que “buscará una solución que evite que los propietarios de las viviendas sufran las consecuencias de la decisión del portavoz del BNG, Abel López Soto, de autorizar durante su etapa al frente del cuatripartito, unos garajes que el Supremo acaba de declarar ilegalizables”.

 Decisión irregular > Una vez conocido el fallo de este tribunal, el Ayuntamiento considera que dicha sentencia “demuestra lo irregular de aquella decisión del exalcalde”, por lo que le reclama al hoy líder del grupo municipal nacionalista en la oposición “que detalle el contenido de aquel convenio” con el objetivo de que los ciudadanos sadenses “sepan ahora por qué hizo lo que entonces hizo”.

Para el ejecutivo local, la resolución del Supremo “es una más de las decisiones judiciales que tiran por tierra decisiones del gobierno presidido por el BNG”.

En este sentido, recordaron que “antes se produjeron las del TSXG, que anuló la modificación urbanística que López Soto había decidido acometer para expropiar los terrenos colindantes del colegio Sada y sus Contornos”, así como, insistieron, “la exclusión de un estudio de arquitectura del concurso convocado para la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)” algo que, en este último caso, “obligará al Ayuntamiento a indemnizar con dinero de todos los sadenses a la empresa injustamente excluida por decisión del exalcalde”.

La empresa Cándido Losada e Hijos SA interpuso un recurso contencioso-administrativo al conocer la resolución emitida por la Xunta, que se dictaminó en noviembre de 2004 y en la que se desestimaba un recurso de reposición deducido contra otra resolución –del 12 de enero de ese mismo año–, en la que se declaraba ilegalizable la construcción de unos garajes subterráneos en la avenida del Puerto, por lo que se ordenaba su demolición.

Tras la sentencia de 2008 del TSXG, la promotora interpuso un nuevo recurso, ahora de casación, contra ese fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego, que es el que se desestima ahora por parte del Supremo, por lo que de nuevo se ordena el derribo de esos garajes que el gobierno local intentará evitar con el fin de que los que allí residen no se vean finalmente afectados por esta decisión.

El gobierno culpa al BNG de autorizar en 2003 los garajes de la avenida del Puerto