El Congreso rechaza las enmiendas totales a la LPI con llamadas al consenso

El Congreso rechaza las enmiendas totales a la LPI con llamadas al consenso
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante su intervención ante el pleno del Congreso. EFE

El pleno del Congreso ha rechazado hoy las seis enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con llamadas al consenso por parte del Gobierno y de los grupos para alcanzar acuerdos en lo que queda de trámite parlamentario en la Comisión de Cultura.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha destacado el propósito del Gobierno en la "búsqueda del máximo consenso posible" y ha mostrado su disposición a acercar posiciones, especialmente en lo que se refiere al sistema de compensación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, muy criticado por toda la oposición.

Tras recordar que se trata de un mecanismo transitorio a la espera de lo que disponga una directiva comunitaria, el ministro ha asegurado que el Gobierno es consciente de que "hay argumentos dignos de consideración" por parte de los grupos y ha dicho estar convencido de que "hay un campo para acercar posiciones en la Comisión" ya que no parten "de líneas rojas".

También el portavoz del grupo popular, Juan de Dios Ruano, ha destacado la firme voluntad de su formación de impulsar "el diálogo, el acuerdo y el consenso" sobre las enmiendas parciales que puedan "mejorar el proyecto técnicamente en todo lo que sea posible".

Las enmiendas a la totalidad, que pedían la devolución al Gobierno del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de febrero, fueron presentadas por el grupo socialista, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNGA y Amaiur.

Un proyecto que, entre otros aspectos, introduce el derecho de las empresas editoras a ser compensadas por el uso de sus contenidos, crea la ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y persigue a las web que ofrezcan listados piratas.

"Necesitamos de la Cultura para salir de la crisis", ha dicho el portavoz del grupo socialista, José Andrés Torres Mora, que ha asegurado que un sector económico como este, "de primera magnitud", necesita una "reconversión industrial, para lo que es primordial una buena ley de propiedad intelectual".

Por ello, se ha comprometido a "intentar acordar enmiendas razonables para la sociedad y la cultura, para que la sociedad acceda fácilmente a la cultura y para que a la cultura se le retribuya adecuadamente por su trabajo".

Carlos Martínez Gorriarán ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por UPyD a este proyecto que, ha dicho, protege los intereses empresariales de un sector "que no ha sabido adaptarse al mundo digital" y ha respondido a un acuerdo entre el Gobierno y los grandes editores de prensa, "que son algunos de los beneficiarios de esta reforma ad hoc". También ha indicado que la lucha contra la piratería ha sido "un completo fracaso".

El portavoz de Izquierda Plural, Chesús Yuste, ha calificado el proyecto de ley de "expresión de un gran fracaso", además de suponer una de las normas "más intervencionistas" del Gobierno, que no ha sido consensuada y que limita derechos en favor de los intereses de grandes empresas.

La diputada del Bloque Nacionalista Galego Rosana Pérez ha pedido la devolución del proyecto al considerar que no ha sido consensuado con los sectores afectados "y apenas convence a nadie sino que, al contrario, crea conflictividad"

Para Joan Tardá (ERC), el proyecto de ley introduce "algo un tanto perverso", como es que sean los ciudadanos, a través de los PGE, los que asuman la compensación por copia privada cuando deberían ser pagadas por las operadoras, "que están en el burladero viendo como los ciudadanos pagamos, pagamos y volvemos a pagar".

Además ha criticado lo que considera una invasión competencial respecto a capacidad a autonomías para inspeccionar entidades de gestión.

Por parte de Amaiur, Rafael Larreina, ha acusado al Gobierno de proteger a los grandes grupos empresariales "con un intervencionismo que recorta libertades" además de suponer "un ataque a la socialización del conocimiento y a la propia Universidad", por lo que ha pedido su retirada.

PNV y CiU no han presentado enmiendas a la totalidad aunque han indicado que no están de acuerdo con el conjunto del proyecto, que intentarán enmendar en la Comisión de Cultura.

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