PSOE y Ciudadanos rechazan “todo intento de convocar un reférendum” en España para “impulsar la autodeterminación de cualquier territorio” del país. Así lo aseguran en su “Acuerdo para un gobierno progresista reformista y de progreso”, en el que dejan claro también su “permanente e inequívoco compromiso” con “la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional”.
Este compromiso forma parte del acuerdo firmado entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para facilitar la investidura del líder de los socialistas como presidente del Gobierno.
Defienden que es necesario “remodelar” el Estado para “un nuevo largo periodo de convivencia” que garantice “el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial” de los españoles.
En concreto, defienden que la Carta Magna “dejó abierto” el modelo territorial, por lo que ahora “hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando” el modelo para “mejorar la convivencia entre españoles”.
Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se comprometen a revisar el Título VIII de la Constitución para “desarrollar el concepto de Estado federal”, tal y como proponían los socialistas.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Este es uno de los siete puntos que marca el documento como el “perímetro” de la reforma constitucional que quieren impulsar. Los otros seis hablan de reconocer como derechos fundamentales derechos sociales e incluir garantías sobre su dotación presupuestaria; suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisar el sistema electoral; modificar la composición y funciones del Senado e incorporar el “hecho” Unión Europea al ordenamiento constitucional.
La supresión de las diputaciones provinciales y su sustitución por consejos provinciales de alcaldes fue uno de los escollos con los que se encontró Ciudadanos en las negociaciones con el PSOE que finalmente dieron lugar a un acuerdo de investidura.
También incluye una revisión “para volver a los principios del Código Penal de la democracia” que incluiría cambios en las penas relativos a los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo. Se incluye “con carácter inmediato” derogar la reforma de la LECrim en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción.
Contempla la “derogación inmediata” de la prisión permanente revisable, así como las penas de cárcel para los piquetes informativos en las huelgas.
En el apartado dedicado a la dependencia, plantean recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, y “derogar el incremento de copago”.
Sánchez se comprometió a eliminar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en el texto solo se contempla reformar aquellos puntos que impugnó la oposición y que son más controvertidos.
