La oposición clama por una investigación parlamentaria tras el informe sobre el Alvia

Tanto el BNG como AGE insistieron ayer en la obligación de investigar en el Parlamento las causas del fatídico accidente de tren que el año pasado dejaron 79 muertos en la que iba a ser la fiesta de Galicia, el 24 de julio.
En concreto, el grupo AGE cree que el Parlamento está “obligado” a crear una comisión de investigación toda vez que el ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas Dávila, uno de los tres peritos designados por el juez Luis Aláez para elaborar un informe sobre el siniestro del Alvia, indicó en un informe pericial que no se hubiese producido el descarrilamiento si se hubiesen dado condiciones seguras.
En sus conclusiones preliminares, este especialista apunta como error la modificación del proyecto original decidida en 2010 puesto que el “escenario más seguro” era el contemplado en el plan inicial para la línea entre Santiago y Ourense, en el que el sistema Ertms llegaba hasta la estación compostelana.
La autorización para operar en ASFA en una parte del trayecto supuso que quedase sin la mayor protección la curva en la que se produjo el siniestro, a la altura del barrio de Angrois, cuando de haberse desplegado la infraestructura Ertms el impacto mortal del convoy no se hubiese dado, puesto que este sistema, el más seguro, habría frenado el tren.
AGE, en un comunicado, cree equivocada por tanto la decisión de cambiar el modelo original en julio de 2010 puesto que, como estaba previsto en un principio, la tragedia “no habría ocurrido, tal y como el propio experto señala en su informe”.
Este documento corrobora las denuncias de AGE, según indicó, y por ello se “hace más necesaria que nunca” la creación de una comisión de investigación ya que los poderes públicos quedan obligados a investigar las causas y a depurar las responsabilidades al más alto nivel.
Es decir, en el lugar “en el que se tomó la decisión del cambio” de proyecto así como la de la posterior desconexión del Ertms “sin disponer de las medidas adicionales que evitaran un accidente por exceso de velocidad”.
Lo ocurrido, señaló Sánchez, “desgraciadamente no tiene vuelta atrás, pero es una obligación legal, ética y de compromiso público que por parte de las instituciones se proceda a realizar todas cuantas medidas, actividades y actuaciones puedan contribuir a evitar que accidentes de esta naturaleza se puedan reproducir en el futuro”.
Esta coalición entiende que, lejos de lo que defiende el PP para justificar su oposición a la comisión, tal labor sería “compatible” con la que “pueden y deben” desarrollar tanto la administración ferroviaria como la judicial en curso.
Por su parte, el BNG criticó la “actitud complaciente” del PP con Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento en la investigación del descarrilamiento. El portavoz en Santiago del BNG, Rubén Cela, consideró “impresentable” la posición del PP que, “por tercera vez, vetó una proposición de su partido en el Parlamento gallego para que abrir una comisión”.
“Cuanto más conocemos es más evidente que la responsabilidad de todo lo que sucedió aquella fatídica noche del 24 de julio no fue unicausal ni unipersonal en la figura del maquinista”, comentó Cela acerca del conductor Francisco José Garzón Amo, el único imputado.