Los cambios en el sistema de ayuda a domicilio que implicarán el copago por parte de los usuarios siguen sumando detractores. Ayer mismo, una usuaria del servicio presentó en el registro municipal una solicitud de “nulidade do procedemento de publicación do Padrón Fiscal 2012 referido á taxa do servizo de axuda no fogar” para exigir al Ayuntamiento que comunique a cada afectado por escrito la cantidad que tendrá que aportar y no lo haga como hasta ahora, por medio de sistemas que no todo el mundo puede consultar.
Teresa Rodríguez Rivadulla padece una paraplejia que la obliga a hacer uso del servicio de ayuda a domicilio pero está disconforme con la implantación del copago por parte del Gobierno municipal. No obstante, lo que más le molesta es que no se le haya comunicado de forma directa el dinero que le corresponderá abonar, por lo que ayer acudió al registro municipal para presentar una queja acerca de la publicación del Padrón Fiscal según el cual se impondrán las tasas a todos los usuarios.
“Hai unhas semanas chamáronnos para avisarnos que saía no Boletín Oficial da Provincia (BOP) o padrón fiscal coas taxas polas que cada usuario pode ir a consultar a súa aportación a servizos sociais pero falamos con avogados e din que isto non é legal, que é inconstitucional”, explica la hija de la afectada, Maite Martínez.
"Indefensión legal"
En este sentido, y aunque ellos han conseguido conocer a través del teléfono cuál sería la cantidad que debe pagar Teresa Rodríguez, consideran obligado que el Ayuntamiento notifique personalmente las tasas, “porque non todo o mundo ten acceso ao BOP e menos cun mes de prazo”. El consejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, rechazó la acusación y aseguró que la información se dio de manera individual “a través de cartas certificadas”.
Lo contrario dice Martínez, para quien esta circunstancia crea una “indefensión legal” hacia los beneficiarios de la ayuda, que no saben lo que tienen que pagar “nin posibilidade de recurrir senón están dacordo”. Así, su madre presentó alegaciones para que la publicación se cancele y la notificación se haga de forma directa explicando cuál consideran que es su capacidad económica, en base a qué información fiscal la miden y cuál será la cantidad a abonar por el servicio.
Para la afectada, la forma de actuar del Ayuntamiento es “claramente agraviante e opaca” e, incluso, ha hecho que su ayuda penda de un hilo porque se negó a firmar un acuerdo municipal por no indicar los precios. n
