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sábado | 20 abril | 2024
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha criticado hoy a la juez instructora de los ERE y Mercasevilla, Mercedes Alaya, y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que en un auto judicial "se viertan expresiones gratuitas, absolutamente ajenas al debate procesal".
En declaraciones a los periodistas, Segarra ha rechazado los comentarios vertidos por la juez Alaya en el auto de archivo de la causa respecto a los empresarios que pujaron por los terrenos de Mercasevilla, pues lo considera una manera de "perderse en reproches que no conducen a nada".
Segarra ha mostrado su malestar por el auto de la juez, conocido ayer, en el que archivó la causa por prescripción de los delitos contra seis empresarios que pujaron por los terrenos de Mercasevilla, en un concurso que ganó Sanma, y reprochó al fiscal el retraso en la causa motivado por su actitud.
Según Alaya, tuvo que tomar declaración a los empresarios "considerando que el Ministerio Fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta".
Se trata de un "incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", afirma la juez en su auto.
Segarra ha lamentado ante los periodistas estas "expresiones gratuitas", que considera "absolutamente ajenas al debate procesal y a los argumentos jurídicos" y ha añadido que no es oportuno "perderse en reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a buen fin".
La Fiscalía ha respondido a esos comentarios en un escrito presentado hoy mismo en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, donde recuerda las numerosas ocasiones en que ha advertido del riesgo de prescripción de los delitos que se investigan en ese juzgado respecto a Mercasevilla y los ERE.
Fuentes del caso han señalado a Efe que se trata de delitos que llevan aparejado un plazo de prescripción de entre tres y cinco años entre la comisión del delito y la fecha en que se dirige la acción judicial contra los acusados en forma de notificación de la denuncia o imputación.
En el caso de los ERE, las citadas fuentes han precisado que la Fiscalía advirtió del riesgo de prescripción hace más de dos años, cuando empezaron a investigarse las ayudas sociolaborales a empresas.
En el caso Mercasevilla, en noviembre de 2010 la Fiscalía presentó un escrito en el sumario relativo al delito societario en el mercado en el que advertía de que los posibles delitos cometidos más allá de los últimos cinco años podían estar prescritos incluso si fuesen considerados como un delito continuado, lo que ampliaría dicho plazo.
