La policía habla de una trama para evitar los concursos públicos en Castro de Rei

La segunda jornada del juicio por la operación “Rey” comenzó ayer con la previsión de declaración de alrededor de una 30 de testigos sobre la supuesta adjudicación de contratación de obras y servicios públicos a empresas sin seguir los procedimientos reglados en la etapa de Juan José Díaz Valiño (PSdeG), en el ayuntamiento de Castro de Rei.
En su declaración, policías testigos en esta vista, que comenzó este martes con la declaración ante el juez suplente del propio Díaz Valiño, ratificaron, a preguntas de la Fiscalía, que existía una “trama” –como mencionó el Ministerio Fiscal– para evitar concursos públicos.
Esta operación, que investiga adjudicaciones de los años 2008 y 2009, sienta en el banquillo a ocho acusados: el exalcalde, Juan José Díaz Valiño, el teniente de alcalde Roberto Lorenzo (actualmente del PP y antes de Terra Galega), dos exconcejales –Antonio Balado y Ana María Canto–, la secretaria municipal María José F., un ingeniero, un arquitecto y un empresario.
Los tres policías que participan en el juicio en calidad de testigos comparecieron por videoconferencia para explicar sus interpretaciones a partir de las conversaciones telefónicas que escucharon y transcribieron, y responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas, según el caso a tratar.
A partir de las escuchas, apelaron a la existencia de una “trama para evitar concursos públicos de obras”. Explicaron que el exalcalde y los miembros de su equipo de gobierno pretendían, que los presupuestos de las obras oscilase entre los 50.000 y los 200.000 euros.
De este modo, se evitaba la adjudicación directa para desarrollar un procedimiento negociado con el objeto de que las tres empresas invitadas “se pelearan” y presentaran la mejor oferta, en beneficio del Ayuntamiento, y evitar el concurso, obligatorio a partir de los 200.000 euros.
Asimismo, consideraron evidente, según las conversaciones telefónicas, que miembros del equipo de gobierno –singularmente el alcalde Díaz Valiño y los concejales Balado, Canto y Lorenzo– decidían con antelación la empresa a la que querían adjudicar la obra para, seguidamente, pactar con el empresario las otras dos empresas a invitar.
En este sentido, se refirieron, a instancias del Ministerio Fiscal, a conversaciones entre el exalcalde y Roberto Lorenzo y otras también entre Díaz Valiño y Antonio Balado en las que supuestamente hacían referencia a pactar con una empresa las otras dos a invitar al concurso.