Más del 70% de las denuncias que colapsan los juzgados acaban archivadas

a. barbadillo > a coruña
  Dos son, a ojos del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, las causas principales que determinan que los juzgados, en especial los de instrucción, se encuentren al borde del colapso. Por una parte, el largo tiempo que requiere la investigación de la llamada “criminalidad compleja” –la que afecta a los sistemas económico, urbanístico o ambiental y la que atañe a la corrupción política o es obra de bandas organizadas– y, por otro, el “deficiente sistema organizativo” en la gestión de los procesos penales, que lleva a que exista un enorme desajuste entre el volumen de denuncias que se tramitan y los asuntos que finalmente llegan a juicio.
Como revela la memoria de 2010 de la Fiscalía Superior de Galicia, que ayer dio a conocer el máximo representante de este órgano, a nivel autonómico, los procedimientos penales que se cierran por sentencia –13.573 el año pasado– suponen, únicamente, un 4,4% del total de los tramitados (307.287); en el caso de la provincia de A Coruña, el porcentaje asciende hasta el 5,2%, con 5.644 sentencias en los 120.256 asuntos tramitados.
Para Carlos Varela, uno de los factores para que esto sea así es la disposición legal que obliga a la Policía a remitir al juez de instrucción todo aquello de lo que realiza atestado, incluso si se desconoce el autor del delito, lo que ocurre en una de cada tres denuncias. Esto lleva a que el juez tenga que tramitar diligencias previas e, inmediatamente, decretar su archivo. “Ese trasvase de asuntos sen futuro supón un tercio do total e o que provoca é un colapso”, sentenció el fiscal.
Por eso, aboga por modificar el modo de tramitación de entrada, para que los juzgados de instrucción dejen de ser un “cuello de botella” que, como se pone de relieve en la memoria de la Fiscalía, “resulta prexudicial para o funcionamento do sistema”.

Impunes > Pero no todos los asuntos que llegan a los juzgados “mueren” por falta de autor conocido. Como se constata en el informe anual del Ministerio Público, de esos 307.287 procedimientos que componen los que se incoaron en Galicia el año pasado más los pendientes del anterior, el 7,52% se transforman en otro procedimiento por delito o falta y el 21,73% pasan el filtro de la fase inicial.
Dentro del 70,74% restante hay que contabilizar los asuntos que se archivan o sobreseen y los que se acumulan o inhiben. Aquí sí, se incluyen aquellas denuncias por hechos de los que se desconoce la autoría o por conductas impunes, caso de las lesiones fortuitas o accidentales que no tienen responsabilidad penal, pero que llegan al juez a través del parte médico, o también el extravío de efectos o documentación que son objeto de denuncia.
Excluido ese alto porcentaje que no llega a la sala de vistas, en 2010 se contaron hasta 16.251 delitos asociados a una calificación fiscal –escrito de acusación–en Galicia y de ellos, el 42% tienen que ver con infracciones contra la seguridad colectiva, que es la tipología delictiva con mayor incidencia. Dentro de ella están los delitos contra la seguridad del tráfico, que suponen más del 96% del total de este grupo, y que se concretaron en 8.257 conductas merecedoras de acusación por parte del fiscal.
En segundo término están los delitos de lesiones, que a nivel autonómico representan el 17,6% de los escritos de calificación formulados por la Fiscalía, y los delitos contra el patrimonio (delitos socioeconómicos, hurtos y robos –con y sin violencia–, y hurtos de uso de vehículo), que componen el 16,13%.

Provincia > A nivel provincial, la memoria señala que en A Coruña se tramitaron un total de 100.177 procedimientos penales durante el año pasado, lo que significa un 39% del total de Galicia. De ellos, 6.780 llegaron a ser objeto de calificación por parte del fiscal de cara a un juicio y derivaron en 5.644 sentencias.
En los datos se aprecia un leve descenso de los asuntos tramitados con respecto al año anterior, un -1,17%, y una caída algo más elevada de los procedimientos que se iniciaron en ese ejercicio con respecto a 2009. Así, el año pasado se incoaron 2.318 procesos penales menos que en el período precedente, lo que supone un descenso del 2,26%.