Los dueños de tierras tendrán cinco años para acreditarse si la Xunta no los localiza antes

Pedro Puy explica la iniciativa de los populares en presencia de José González | ep
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La futura Ley gallega de recuperación de tierras otorga a la Xunta la facultad para investigar la propiedad cuyos titulares se desconocen y, una vez que concluya esta actuación –que se arroga ahora la Administración autonómica frente al Estado, que tiene las competencias generales–, se les dará cinco años a los dueños para que acrediten serlo antes de que ese terreno pase a formar parte del banco público de tierras.

Precisamente, esta es la principal novedad con respecto a los terrenos de las personas que están ilocalizables en este texto legislativo que registró ayer el grupo popular, con la rúbrica del presidente Alberto Núñez Feijóo, y del conselleiro de Medio Rural, José González, además del resto de integrantes. Este plazo de cinco años no existe actualmente en el procedimiento estatal el conselleiro, por lo que, a su juicio, esta y otras medidas dan garantías jurídicas.

De este modo, la Xunta investigará la propiedad y, si concluye el proceso sin localizar a ese dueño, dispondrá de ese terreno para su gestión. Se abrirá un plazo de cinco años para que, en el caso de que aparezca el propietario, acredite que lo es. En ese caso, el rendimiento de la tierra se le abonará a su titular; pasados los cinco años, la Xunta se quedará con esa propiedad y se podría recuperar, en caso de que aparezca su legítimo titular, pero ya por la vía judicial.

El titular de Medio Rural explicó que este plazo abre un periodo por el cual el propietario evitaría ir a los tribunales, lo cual no ocurre actualmente, porque el Estado se inscribe en el catastro directamente las fincas cuyos propietarios no aparecen una vez hecha la investigación oportuna.

Esta herramienta, que viene avalada por un dictamen de la comisión de derecho civil –según confirmó el conselleiro–, forma parte del paquete de medidas que incorpora la futura ley, con 144 artículos, y que se tramitará a través del texto registrado.

Los dueños de tierras tendrán cinco años para acreditarse si la Xunta no los localiza antes