La diputada socialista Carmen Gallego pidió ayer a la Xunta que extinga las relaciones contractuales con entidades financieras que operen en Galicia y mantengan las ejecuciones hipotecarias en casos de riesgo social.
“Que les retiren los saldos líquidos que existan” si actúan de este modo, reclamó la coordinadora del área de Economía de la Ejecutiva del PSdeG, partido que presentó una serie de iniciativas que buscan paralizar las ejecuciones hipotecarias que “recaigan sobre la vivienda habitual, en familias con situación de insolvencia sobrevenida de buena fe”, alegó.
Asimismo, esta portavoz instó al Gobierno gallego a que ordene a la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad que se abstenga de intervenir en desahucios que se puedan producir en Galicia.
Insolvencia sobrevenida
También que se ponga la Asesoría Xurídica de la Xunta a disposición de las familias afectadas, promoviendo además que en la bolsa de alquiler se priorice “a las familias que hayan padecido” un desahucio por “situaciones de insolvencia sobrevenida de buena fe”, insistió.
Gallego llamó a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para exigir la modificación legislativa del procedimiento judicial hipotecario a favor de estas familias, y a adoptar las medidas necesarias para que se aplique la dación en pago de cara a cancelar la totalidad de la deuda con la entrega de la vivienda.
Asimismo, lamentó que la legislación de ejecución hipotecaria esté dejando a miles de familias “en la calle y con la deuda” a sus espaldas, “una legislación que no se aplica en otros países y que era desconocida por las familias cuando formalizaron las hipotecas”.