Quedan en libertad con cargos los detenidos por las descargas iregulares de pescado en Vigo

Un agente escolta a uno de los detenidos en la operación “Govi” | salvador sas
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Los seis detenidos, cuatro policías portuarios y dos personas relacionadas con la cooperativa de armadores de Vigo (ARVI), detenidos en relación con supuestas irregularidades en la descarga de pescado en el Berbés han quedado en libertad con cargos, informaron fuentes judiciales.
Tras la comparecencia de tres de los detenidos esta mañana ante el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, de los que solo uno declaró, todos quedaron en libertad como investigados por los delitos de cohecho, revelación secretos y falsedad, con la obligación de realizar comparecencias mensuales.
La operación centra sus pesquisas en un entramado establecido en el puerto del Berbés que se dedicaba presuntamente a la venta ilegal de pescado, tanto especies no permitidas como tamaños no autorizados.
Las piezas más importantes en el engranaje de esta operativa de grupo lo compondrían, según las investigaciones, algunos jefes de servicio de la Policía Portuaria (cabos) que realizan su servicio en la lonja de Berbés.
De ellos depende el control de la actividad de descarga de la pesca fresca en lonja, lo que repercute en el pago de tasas a la Autoridad Portuaria; impartir las órdenes a los demás policías portuarios que realizan la actividad en la lonja y controlar la entrada y salida de personas al recinto portuario.

Investigaciones
Las investigaciones se iniciaron el mes de mayo cuando el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), de la Guardia Civil, detectó en el muelle del Berbés una serie de irregularidades en el control de las descargas, en los cupos y en los tamaños de las especies que se capturan, tanto a nivel autonómico, nacional, como europeo.
Después de siete meses de investigación, la Guardia Civil, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, pudo constatar una serie de irregularidades en las descargas de los barcos de la flota de pesca de altura y de grandes peces.
Unas irregularidades que, directa o indirectamente, estaban consentidas y en algunos casos propiciadas por determinados miembros de la policía portuaria que, haciendo dejación de sus funciones, supuestamente permitían la descarga y comercialización de pescado fresco de tallas o especies no permitidas.
Además, avisaban con antelación de las inspecciones periódicas que venían realizando el Ministerio de Pesca, la Xunta y la Guardia Civil, por cuyos favores, supuestamente, recibían remuneraciones en especie.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, remarcó que la institución prestó su colaboración desde “hace bastantes meses” al jugado y a la Guardia Civil y descartó entrar en detalles sobre el procedimiento judicial.

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