El Ejecutivo explica en un comunicado que la causa es la postura del Ayuntamiento de "entorpecer" la labor de la APLU en materia de ordenación del territorio e "incumplimiento" de la legalidad urbanística.
El inicio del expediente se debe a que el alcalde "no solo no colaboró con las labores de la agencia, sino que las entorpeció con una actitud activa para impedir la demolición de una vivienda unifamiliar en el lugar de Campo da Feira".
APLU recuerda en el escrito que en junio de 2001 se declararon ilegalizables las obras, por estar ejecutadas en suelo rústico no urbanizable de protección paisajística, y que el Ayuntamiento dispuso de 12 años para solucionar el problema, "pero no actuó con la agilidad debida, al no aprobar en todo este tiempo el Plan General de Ordenación Municipal", precisa.
Agrega que, después de varias multas coercitivas, en junio de 2010 dispuso la ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria por cuenta del obligado, una decisión contra la que no se interpuso recurso alguno, por lo que en noviembre de 2012 fue concedida la autorización judicial de entrada en el domicilio.
Finalmente, subraya que está cumpliendo con la ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que establece que en ningún caso podrá la administración dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado.
