La Xunta y el Gobierno avanzan para que el ingreso mínimo vital sustituya a la Risga

Política Social ha mantenido un primer contacto con Moncloa | aec
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La Xunta y el Gobierno central avanzan para que los perceptores de la renta de inclusión social (Risga) puedan percibir de oficio el ingreso mínimo vital (IMV) con el objetivo de que las ayudas de primera necesidad “se pongan a la disposición de los hogares de modo eficaz y sin solapamientos”.

Según traslada la Consellería Política Social, se mantuvo “una primera toma de contacto” con el Gobierno con este fin. Además, el decreto que regula el ingreso mínimo fija la posibilidad de que las comunidades establezcan “protocolos telemáticos” de intercambio de información con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Actualmente, hay 10.480 personas perceptoras de la Risga en toda Galicia. En los dos últimos de meses, durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, los beneficiarios aumentaron en setecientos, según este departamento.

Pontevedra es la provincia con más perceptores de la Risga, con 4.814, seguida de A Coruña (3.032). A más distancia se encuentran Lugo (1.433) y Ourense (1.201).

El objetivo que es los futuros perceptores del IMV cuenten con “todas las garantías legales y respetando todos los derechos de las personas”, explica Política Social.

Por su parte, los responsables del Ministerio de Seguridad Social indicó  que aún no tiene una cifra de cuántos beneficiarios percibirán en Galicia a finales de junio el primer abono del ingreso mínimo vital.

Después de que el Gobierno central haya indicado que tan solo País Vasco y Navarra gestionarán el ingreso mínimo vital, el Ejecutivo gallego sostiene que “tiene dos preocupaciones principales”. La primera de ellas pasa por que el IMV “se tramite de modo ágil y sin retrasos que impidan que las familias que lo soliciten dispongan de esta prestación cuanto antes”.

Asimismo, la administración buscará “evitar solapamientos con la Risga, es decir, que haya personas que durante unos meses cobren las dos prestaciones de forma inadecuada”.

Política Social insiste en demandar la gestión del ingreso mínimo vital, pues el “modo más eficaz” es a través de la Administración autonómica, “con tres décadas de experiencia gestionando la Risga y que ya tramita las pensiones no contributivas, que también provienen de la Seguridad Social”.

El hecho es que la ley de inclusión social de Galicia establece que la Risga es incompatible con otras prestaciones, por lo que el director de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN), Xosé Cuns Traba, hace un llamamiento al Parlamento gallego resultante de las próximas elecciones autonómicas a que se haga una “modificación” con el fin de “asegurar la complementariedad” de la renta autonómica y el IMV, al tiempo que se aumenten cuantías y beneficiarios.

En esta misma línea, la propia Consellería de Política Social sostiene que “el Gobierno que salga de las urnas deberá, en la próxima legislatura, abordar la reforma de la ley de inclusión social de Galicia para adaptarla al nuevo panorama que se abrió con la aprobación del ingreso mínimo vital”.

El director de la Rede contra a Pobreza apela a esa reforma de la Risga y la ley gallega para “que no haya inseguridad jurídica” y “para reducir la burocracia”.

Junto a esto, traza la “línea roja” de que, en los presupuestos que ahora se están dedicando a renta mínimas autonómicas como la Risga, “con la entrada del ingreso mínimo vital no se debe de bajar ni un solo euro”. “Deben seguir destinándose a programas de inclusión social”, avisa.

Por tal motivo, pide que la comunidad use también esas partidas para la cobertura de las personas que “no se van a ver beneficiadas por el ingreso mínimo vital, desde jóvenes de 18 a 23 años, víctimas de violencia machista, emigrantes retornados mayores de 65, hasta inmigrantes en situación regular o irregular”.

La Xunta y el Gobierno avanzan para que el ingreso mínimo vital sustituya a la Risga