El Senado aprueba con un amplio consenso las medidas para la justicia ante el Covid-19

Un agente controla el acceso al municipio confinado de Ejea de los Caballeros | efe
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El pleno del Senado aprobó con un amplio consenso el proyecto de ley de medidas para agilizar la justicia y reforzar las medidas higiénicas en juzgados y tribunales para evitar el colapso judicial ante la situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus. 

De esta forma el proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a esta situación en el ámbito de la administración de justicia queda pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso, ya que al texto se añadieron enmiendas en el Senado, en el que el único partido que manifestó su voto contrario ayer fue Vox.  

Entre las enmiendas introducidas y aprobadas en la Cámara Alta se encuentra la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

El objetivo es agilizar las medidas limitativas de derechos fundamentales que adopten comunidades y ayuntamientos para hacer frente a los rebrotes del coronavirus, que requieren de control judicial. 

Con las enmiendas aprobadas dicho control es atribuido a los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las autonomías en lugar de los diferentes juzgados de cada localidad como actualmente. 

De esta forma los TSJ tramitarán las autorizaciones correspondientes de dichas medidas restrictivas, deberán dar a estos asuntos prioridad, debiendo tramitar los mismos en un plazo de tres días naturales, y además serán los competentes para resolver los recursos contra los acuerdos al respecto de cada comunidad autónoma o ayuntamiento.  

El portavoz del PSOE, José María Olega, recordó que algunas medidas contenidas en el proyecto de ley ya se implementaron en aplicación del real decreto del plan de urgencia aprobado durante el estado de alarma para evitar que la justicia se parara.  

Además, valoró el amplio consenso para mejorar ahora el texto para evitar el colapso de la justicia ante la avalancha de asuntos derivados de la crisis económica por el Covid-19 que supondrá un atasco judicial añadido. 

También comentó que el Gobierno está tratando de resolver la situación de los años de Ejecutivo del PP, “que fueron un desastre para la justicia” y se comprometió a analizar en la tramitación de próximas iniciativas legislativas cuestiones planteadas por los diferentes grupos en enmiendas que fueron rechazadas. 

Por su parte, el portavoz del PP, Fernando de Rosa, manifestó que su grupo apoya el proyecto de ley por su urgente necesidad aunque lamentó que no se hayan aprobado algunas de sus enmiendas. 

También criticó la “pereza democrática del grupo socialista”, que se negó a seguir tramitando el proyecto en las Cortes durante el mes de agosto para que las medidas pudieran estar ya vigentes. 

La senadora popular Cristina Ayala expuso algunas enmiendas de su grupo que apuntaban a dar preferencia a las subastas extrajudiciales para descargar a los juzgados, la realización de auditorías periódicas para garantizar que se toman las medidas higiénicas en los juzgados y que el aforo en las vistas no dependa de la decisión de cada juez sino de la autoridad sanitaria. 

Además consideró que las treinta unidades judiciales que se crearán son insuficientes, pues a su juicio son necesarias 300 y al menos 100 ya este año. 

Por su parte, la senadora de ERC Laura Castel Fort aprovechó su intervención para reclamar la descentralización de la Administración de Justicia y de sus órganos de gobierno.

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