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jueves | 25 abril | 2024
El Defensor del Pueblo denuncia que existen ciertos “problemas” en la educación en lo que respecta a la escolarización de alumnos en el ciclo de Educación Infantil, además de alertar de que hay insuficientes plazas en determinados ciclos de Formación Profesional de grado medio.
Asimismo, detecta inconvenientes para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, que necesitan más recursos personales.
Advierte de que los recursos dedicados a la educación especial son a menudo “insuficientes”
En su Informe Anual 2011, la institución que dirige María Luisa Cava de Llano señala también que la educación especial “no siempre ha recibido la merecida atención” y que los recursos a ella dedicados “son a menudo insuficientes y desigualmente repartidos” en los distintos ámbitos territoriales pese a que, como señala la Constitución, los destinatarios de esta modalidad educativa gozan de especial protección.
Del informe también destacan las “frecuentes” quejas planteadas por los padres de alumnos cuestionando los resultados de los procedimientos de admisión.
Lo más frecuente > El hecho de no obtener plaza en el primer centro demandado en su solicitud bien por ser el más próximo a su domicilio, pertenecer o tener un ideario correspondiente a una confesión religiosa, tener implantados programas bilingües, o disponer de servicios complementarios constituye el motivo más frecuente de quejas.
En las quejas se cuestiona también que no se haya asignado el centro en el que ya están escolarizados hermanos del solicitante, pero los resultados de los procesos de admisión son consecuencia de la aplicación conjunta de todos los criterios de admisión y de la mayor o menor puntuación global que, como consecuencia, se atribuye a cada alumno.
Las dificultades que se derivan de la distancia entre el domicilio y el centro asignado, y otros condicionamientos como enfermedades u horarios laborales de los padres son también motivos de reclamación.
Estas circunstancias en su conjunto determinan que los desplazamientos escolares supongan una “grave o inabordable carga”, señala el informe.
En lo que respecta a la escolarización, esta institución pone el acento en la de niños adoptados por concurrir, a su juicio, “circunstancias especiales”.
Modificaciones > En este sentido, la institución considera “oportuno” que las administraciones educativas estudien posibles vías, incluida la modificación en su caso de la normativa sobre admisión de alumnos, que garanticen la asignación de plazas adecuadas a las necesidades estos alumnos y sus familias.
Como en informes anteriores, la mayoría de las quejas sobre instalaciones escolares se refieren a las de los colegios públicos.
Plantean problemas relativos a la falta de capacidad de ciertos espacios, desperfectos, obsolescencia y falta de mantenimiento de edificios.
Denuncian también improvisación en las soluciones, retrasos, utilización de aulas prefabricadas o de espacios previstos para otros fines, inadecuados y alejados del entorno social.
Respecto a la investigación de oficio iniciada por el Defensor del Pueblo en octubre de 2010 sobre la incidencia real del uso de instalaciones provisionales, que continuó en 2011, el informe señala la “sistemática” utilización de aulas prefabricadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, en las Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid y Navarra la institución señala que esa utilización sistemática tiende a un rápido decrecimiento.
