Sada-Balsa pide que se aplace su juicio para hablar antes con el alcalde

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   Daniel Balsa Ramos, el trabajador de la Oficina da Xuventude de Sada que fue suspendido el pasado año por desaparecer de su puesto de trabajo en 2009 un total de 27 días de manera injustificada, ha pedido ahora el aplazamiento del juicio que él mismo solicitó con la intención de hablar con el nuevo gobierno local de Sada y que su sanción sea revocada.
Esta decisión se produjo el pasado martes en el Tribunal de lo Social, en A Coruña, donde Balsa había acudido después de que Magistratura emitiera una sentencia firme que daba la razón al Ayuntamiento de Sada cuando le sancionaron cuatro años y medio de empleo y sueldo. En cualquier caso, logró una mínima rebaja en el castigo de apenas unos meses, pero seguía en total desacuerdo.
Así, acudió a esta sala, donde la vista tenía que celebrarse el martes. Al empezar, el trabajador y su defensa pidieron el aplazamiento del juicio alegando que querían primero hablar con el nuevo ejecutivo local, ahora presidido por el popular Ernesto Anido y conformado por PP y PDSP.
Por la otra parte acudieron el abogado del Ayuntamiento de Sada y la entonces responsable de Juventud cuando ocurrieron los hechos, Raquel Bolaño, quien ni siquiera llegó a entrar en la sala.
Llamó la atención la presencia de Alejandro Santos Folgado, quien fuera concejal con Ramón Rodríguez Ares del área de Cultura y que acompañaba al demandante en este caso, Daniel Balsa.
Si el deseo de este empleado de la Oficina da Xuventude de Sada se lleva a cabo, el alcalde recibirá su visita en los próximos días. Cabe recordar que el expediente disciplinario que el consistorio le impuso a Balsa mediante decreto no se puede suprimir y, en caso de hacerlo, se podría incluso estar hablando de prevaricación.
El otro punto que motivó la polémica a finales de 2009 fue la desaparición de dinero de la oficina, correspondiente a unos campamentos de verano y que, supuestamente, se había llevado. Balsa lo devolvió a principios de 2010, pero el caso está pendiente de juicio por lo penal pese a que se declarara entonces “único responsable da falta de diñeiro”.

Transparencia > Desde la anterior Concejalía de Educación y Juventud, dirigida por Bolaño, siempre defendieron la “total transparencia y legalidad” de todas las decisiones que se tomaron desde que se conocieron los hechos, cuando un trabajador de la Oficina da Xuventude se llevó dinero y desapareció injustificadamente de su puesto de trabajo durante casi un mes. El suceso forzó la creación de una comisión especial informativa en la que, en distintas convocatorias, se trataron los hechos ocurridos, en ocasiones por la insistencia de la oposición.
El organismo analizó, por un lado, la desaparición de dinero –alrededor de 17.000 euros– y, por otro, la ausencia injustificada durante 27 días del citado Daniel Balsa. En ambos casos, el gobierno de López Soto inició sendos expedientes disciplinarios, si bien el primer punto derivó directamente a los juzgados por tratarse de una posible infracción penal.


 

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