Las grandes demandas de la ciudad regresan al primer plano político

A pesar de que el Gobierno municipal anunciara en el último pleno, de la semana pasada, su intención de prorrogar los presupuestos de la ciudad, antes de sentarse a negociar unos nuevos para 2021, también hizo pública la intención de convocar a todos los partidos de la corporación para “consensuar” las demandas y peticiones de cara a los presupuestos del Estado y autonómicos.

Y no son precisamente pocos los frentes abiertos entre las tres administraciones en lo respectivo a infraestructuras y actuaciones en la ciudad.

Una de ellas es la estación intermodal que, a finales de 2019 se preveía tener licitada ya por estas fechas, pero cuyo mayor avance ha sido, hace escasos diez días, la firma del convenio marco entre todas las partes. Del mismo se extrae que las próximas actuaciones serán la salida a concurso de los accesos a la estación por la avenida del Ferrocarril, que corresponden al Ayuntamiento, y la  redacción del proyecto de pasarela de unión entre la avenida del Ferrrocarril y A Sardiñeira, que corresponde al Adif, antes de que finalice el año.

Otro de los temas a tres bandas, aunque las patas también tocan a otros ayuntamientos, es el dragado de la ría do Burgo, cuyo proyecto, tras muchos meses de acusaciones entre partes, ya está aprobado, pero el cual todavía no está licitado.

También con implicaciones estatales está el teórico proyecto de la ampliación de Alfonso Molina, del cual parece no existir avances en los últimos meses.

Problema monetario también es el Puerto, del que se sigue esperando respuesta a la propuesta de condonación de su deuda. La reforma de Alvedro o la pasarela en Pedralonga, cuyo proyecto todavía está en redacción, son algunos de los otros temas a tratar.

Protestas 
Pero no todos los problemas con otras administraciones son sobre infraestructuras, sino que también existen discrepancias en materias como la industria.

La planta de Alu Ibérica, antigua Alcoa, sigue en un extraño limbo. El comité de empresa se encuentra en un proceso de protestas ante la “persecución sindical” y de denuncia ante la pérdida de proveedores. Apuntan a la necesidad de actuación, por parte de la Xunta o, más drástica, una intervención estatal para salvar la factoría de aluminio.