11º-14º
viernes | 26 abril | 2024
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, recibió ayer el respaldo del Gobierno, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras los abucheos de sindicalistas que sufrió el jueves frente a la sede judicial, donde ayer continuó tomando declaraciónes.
La magistrada fue abucheada a su llegada a los juzgados de Sevilla por un grupo de sindicalistas en una acción que para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “no es admisible en ninguno de los casos”.
En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta pidió que se respete la labor de la juez Alaya y emplazó a los sindicalistas a “respetar las resoluciones judiciales” y si no están de acuerdo, precisó, “ahí está la vía del recurso, no la del recurso al abucheo”.
En la misma línea se expresó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que afeó los abucheos y resaltó la “imparcialidad” e “independencia” con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.
Con “todo el respeto” a una institución “tan importante” como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce rechazó “terminantemente” la forma en que se llevó a cabo esa protesta.
Las reglas básicas
Más crítico fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que advirtió de que la actitud de el jueves de decenas de sindicalistas a las puertas de los juzgados donde comparecían dirigentes de UGT y CCOO por el caso de los ERE “revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de derecho”.
Por otra parte, la juez imputó ayer presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, quien alegó que le culpan de unas ayudas que figuran en un listado manuscrito cuya letra no reconoce.
Dicho documento, según informó su letrado, puede proceder de los registros de la Guardia Civil en la sede de la Dirección General de Trabajo en Sevilla.
La magistrada dejó al imputado en libertad con cargos y con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y de depositar su pasaporte, mientras que Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros, equivalente a las ayudas que le imputan.
Díaz Alcaraz está acusado de haber hecho valer sus influencias como asesor de la Dirección General de Trabajo de la Junta para introducir varios intrusos en la empresa sevillana Saldauto.
