11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
Un grupo de abogados presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra todo el Gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familiares de víctimas del Covid-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia del coronavirus.
La querella, interpuesta ante la Sala de lo Penal del alto tribunal, se dirige contra los 23 miembros del Ejecutivo “como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”, por “haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y del Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares”.
Sostienen que sus familiares fallecieron “en condiciones ciertamente indignas de un ser humano” y creen que “se ha debido al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados”.
Hasta la fecha, 3.268 familias manifestaron su deseo que querellarse, pero solo 116 se personaron ya que, las restantes “no han podido obtener de momento”, el Certificado Médico de Defunción, necesario para acreditar la muerte de sus familiares y sus causas y así interponer la acción penal.
En la querella, los familiares denuncian al Gobierno en pleno por su “irresponsable y negligente inacción”, por su “actuación tardía y nefasta” y por “la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia” desde que tuvieron conocimiento de su existencia.
Consideran que el Ejecutivo “decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas” cuando “a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía”.
Se refieren a las concentraciones y manifestaciones de organizaciones agrarias y a las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, “fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas”, como la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Irene Montero, Carolina Darías e Isabel Celaá. No fue hasta el 12 de marzo cuando “con mucho retraso”, adoptaron las primeras medidas con la declaración del estado de alarma, algo que “resulta inconcebible” pues “en apenas una semana” se pasó de poder hacer una vida normal a una situación extrema de confinamiento de la población.
Gestión
Los familiares señalan que la gestión de la crisis sanitaria, “ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido al desproporcionado incremento del número de víctimas”.
Unas víctimas, añaden, “que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus” en el territorio español.
Los querellantes denuncian también “la caótica situación de las residencias de ancianos”.
