La ausencia de un forense obliga a posponer hasta 2012 el juicio por un atropello mortal en Lavedra

redacción > a coruña

  El juzgado de penal 5 debía haber celebrado ayer el juicio por un atropello mortal de características similares que el que esta semana costó la vida a una joven de 21 años en la avenida de Salgado Torres: un peatón mal posicionado en la calzada, un conductor bajo los efectos del alcohol y las mismas acusaciones, un delito de homicidio por imprudencia grave y uno contra la seguridad del tráfico.
Sin embargo, la vista tuvo que posponerse, ante la incomparecencia de un médico forense que pudiera acreditar el grado de embriaguez del acusado, y también de su víctima. Ninguno de los miembros del Instituto de Medicina Legal estaba ayer libre para poder presentarse ante la jueza, y ese impedimento forzó la suspensión del juicio que no podrá celebrarse, como mínimo, hasta enero del año próximo, al no quedar hueco en la agenda de este juzgado para señalarlo en lo que queda de año.
Habrán pasado tres años desde que, el 22 de febrero de 2009, se produjo el accidente mortal. Ocurrió, según refleja el escrito  de acusación, pasadas las cuatro de la madrugada en la avenida de Alfonso Molina, en una zona próxima a la estación de autobuses, por donde la víctima atravesaba la calzada en un tramo que no cuenta con ningún paso peatonal, a no ser la pasarela que sobrevuela la avenida.

Shock traumático > Fiscal y acusación particular, que ejerce el abogado Víctor Espinosa en nombre de la familia del fallecido, señalan que el piloto procesado había ingerido bebidas alcohólicas y que ello fue lo que le impidió percatarse de la presencia del peatón, al que arrolló cuando  cruzaba la vía. Consecuencia del impacto, el hombre sufrió un shock traumático que le causó la muerte.
La prueba de alcoholemia a la que fue sometido el conductor arrojó un resultado de 0,59 miligramos de alcohol por litro de sangre aspirado, en el límite con la tasa delictiva. Con estos datos, la Fiscalía reclama una pena de dos años y medio de cárcel , que la acusación eleva hasta los cuatro años y cerca de cien mil euros.