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jueves | 25 abril | 2024
En declaraciones a los medios, Rodríguez-Piñero ha recalcado que el titular de Hacienda debe explicar en la Cámara Baja por qué el Gobierno estimó que se podrían recaudar 2.500 millones de euros con esta medida, después de conocer que los ingresos se han quedado por debajo de la mitad, en 1.191 millones.
"Hoy termina uno de los capítulos más deshonrosos y más inmorales del Gobierno del Partido Popular", ha indicado al respecto.
Además, la diputada socialista se ha mostrado convencida de que el recurso presentado por su formación ante Tribunal Constitucional contra esta medida prosperará.
Así, ha avisado a quienes se han acogido a la amnistía fiscal parcial de que puede que el "perdón" que han obtenido "no tenga todos los parabienes legales".
Dicho esto, ha considerado que si finalmente el recurso socialista, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado mes de julio, prospera "lo que habrá que hacer es pagar de acuerdo con la ley, con los intereses y con la sanción que corresponda".
"Que no se crean que los que han regularizado han terminado aquí. No pararemos hasta que los grandes defraudadores cumplan con sus obligaciones", ha recalcado al respecto.
Además, la socialista ha señalado que el Gobierno debe dar "muchas explicaciones" a los ciudadanos sobre cómo se cumplirá con el objetivo de déficit después de que la recaudación por esta vía no haya alcanzado las expectativas.
"(Que el Ejecutivo explique) si va a subir de nuevo los impuestos a los ciudadanos, si va a recortar prestaciones y servicios sociales o si va a dar por perdido el objetivo de déficit, como parece que ya reconoce", ha zanjado.
Por su parte, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha destacado que, contrariamente a lo que afirma el Ejecutivo, esta medida no permitirá recaudar más en el futuro y causará el efecto contrario "porque se está destruyendo la conciencia fiscal de los contribuyentes".
Además, ha indicado que el "fracaso" de los resultados de la regularización fiscal también significa el fracaso de la ley de lucha contra el fraude, puesto que el Ejecutivo argumentó que esa ley "iba a ser el palo contra los defraudadores".
