El guardia civil de “La Manada” no se querellará contra la Policía

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de “La Manada” que fue condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, aseguró ayer que “está contento” por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de mantenerlo en libertad provisional tras intentar renovar el pasaporte y aseguró que no emprenderá acciones contra la Policía a causa de la filtración del suceso.
“Ahora mismo no tengo ganas de pleitos con nadie, quiero estar tranquilo con mi hija y disfrutar”, señaló Guerrero en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde los cinco miembros de “La Manada” tienen que acudir lunes, miércoles y viernes de cada semana a cumplir con una de las medidas cautelares fijadas por la Audiencia de Navarra para su puesta en libertad provisional. Los periodistas preguntaron al agresor si pensaba emprender acciones legales contra la policía por la filtración del suceso.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra rechazó en un auto hecho público el pasado martes el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones del guardia civil, quien intentó renovar el pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido por decisión de este mismo tribunal.

Un voto discrepante
La resolución judicial cuenta, sin embargo, con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida cautelar que le había sido impuesta en el auto dictado el pasado 21 de junio.
El magistrado, que también se opuso a la libertad provisional de los cinco miembros de La Manada, añade en su voto particular que “la disponibilidad del pasaporte, sin duda alguna, incrementa razonablemente” las posibilidades de apreciar riesgo de fuga.
La fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares –Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra–, consideraron que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga. l